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En 6 años, Oaxaca recibió 824 millones para juicios orales Featured

Oaxaca de Juárez, Oax.- Sin indicios de transparencia y rendición de cuentas, de 2010 a 2016, el gobierno de Oaxaca dispuso de un total de 823 millones 443 mil 380 pesos con 65 centavos para la adquisición de tecnología, adecuación de instalaciones y capacitación de personal para la correcta implementación del nuevo sistema acusatorio adversarial, reveló el Centro de Investigación para el Desarrollo Asociación Civil (CIDAC).

Esta entidad fue la tercera del país que más recursos recibió durante el sexenio pasado, únicamente debajo de Baja California, que obtuvo mil 129 millones 699 mil pesos, y el Estado de México, con mil 90 millones 133 mil pesos, precisó la agrupación, a través del informe “Hallazgos, seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México”.

Los 823 millones de pesos transferidos a Oaxaca se dividieron de la siguiente forma: 139 millones 540 mil 896 pesos con 71 centavos provenientes, entre 2010 y 2016, del Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal a través de la Secretaría Técnica (Setec) de la Secretaría de Hacienda y 683 millones 902 mil 483 pesos con 94 centavos entregados entre 2014 y 2016 por medio del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, detalló el informe, que puede ser consultado en http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-COMPLETO-HALLAZGOS-SIN-CORTES-_-DIGITAL.pdf.

Sin embargo, el CIDAC resaltó que durante la elaboración del informe, Oaxaca fue una de las seis entidades del país que otorgaron la peor información para determinar el avance y la efectividad otorgada por el nuevo sistema acusatorio penal.

Las autoridades locales únicamente respondieron satisfactoriamente dos de nueve consultas de información realizadas por la organización.

Ante ello, la agrupación subrayó que Oaxaca obtuvo una puntuación de 13 –donde la menor es nueve y la mayor 27— dentro de los indicadores de cantidad y calidad de la información.

El estado si situó sólo por arriba de Michoacán, que tuvo una calificación de 12, y permaneció empatado con Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas, con 13.

Estados como Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Sinaloa respondieron satisfactoriamente a todos los cuestionamientos, al igual que Aguascalientes.

Las peticiones de información promovidas por el

Centro de Investigación para el Desarrollo Asociación Civil fueron enviadas a la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Defensoría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública y el órgano especializado a la Atención de Víctimas de Delitos y tenían como objeto establecer los estándares de normatividad, planeación, infraestructura, gestión y reorganización institucional, difusión y transparencia y capacitación que predominan actualmente dentro del nuevo sistema penal.

“A diferencia de ejercicios anteriores, este año se

consideró pertinente presentar una evaluación de la transparencia y el acceso a la información en las entidades federativas, en donde se reconociera no solo la tasa de respuestas positivas sino que evaluara la calidad de las mismas.

“Se diseñó un instrumento tipo semáforo, que permite visualizar el número total de solicitudes de información enviadas, tanto por oficio como vía plataforma, así como el tipo de respuestas obtenidas”, refirió la agrupación.

 

URO y Cué “desaparecieron” recursos

 

 

Las dos últimas administraciones estatales “malgastaron” recursos que debieron haber utilizado en obras de infraestructura para garantizar el óptimo desempeño del nuevo sistema de justicia penal, acusó el tesorero de la Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasantes de Derecho, José Luis Bernardo Aguirre.

A pesar de los montos millonarios que recibió la entidad tanto en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz como en el de Gabino Cué Monteagudo, para la edificación de tribunales, el estado se ubica, en la actualidad, entre los seis con las instalaciones más deficientes del país, sentenció el especialista.

Un año después de que los juicios orales entraron en vigor, obligatoriamente, en todo el país, el sistema judicial de Oaxaca ha quedado rebasado y al borde del colapso, debido a su poca capacidad de respuesta para atender las demandas de la ciudadanía, abundó.

“Sí está rebasado. Yo no sé si no hubo dinero, pero se hablaba de muchos recursos y no tenemos tribunales”, condenó, en entrevista.

Esta problemática se acentúa en la región de Valles Centrales, explicó, donde no existen ni instalaciones necesarias ni la organización adecuada para agilizar los diversos procedimientos.

Lo anterior, explicó, ha provocado la saturación de los juzgados, pues éstos no solamente tienen que hacerse cargo de los juicios que se comienzan en la capital del estado, sino en cada uno de los distritos circunvecinos e, incluso, de los de la región de la Sierra Norte.

“En la actualidad, algunos Juzgados de Control están trabajando en Ciudad Judicial; tenemos otro en los Juzgados Civiles… se tiene que crear un lugar especial para que la gente tenga (el sistema judicial) a la mano.

“A veces, ni el abogado sabe cómo están distribuidos (los centros de impartición de justicia)”, reclamó.

Reiteró que es necesaria la creación de nuevos juzgados porque la plantilla de trabajadores, incluidos jueces, no se están dando abasto para atender los procedimientos.

“Anteriormente, teníamos ocho juzgados para el distrito del centro... en la actualidad, se están atendiendo casos que vienen de Ixtlán de Juárez”, lamentó el especialista.

“(Los casos de) Etla se tienen que trasladar para acá; hace falta infraestructura, que cada región tenga su tribunal. Se le destinó bastante recurso (al nuevo sistema de justicia), se decía públicamente, pero no lo vemos”, reiteró.

En la actualidad, agregó, Guanajuato se caracteriza por tener el sistema judicial más eficiente del país.

“Si vamos a ver las salas de Guanajuato es otro (mundo). Aquí no llegó el dinero, quién sabe en dónde quedó. Se ve en otros estado y aquí no”, denunció.

Bernardo Aguirre  aseguró que la mala condición del sistema de impartición de justicia no es responsabilidad de los especialistas, pues los oaxaqueños son de los profesionistas mejor preparados del país.

“No es porque no se conozca el sistema, sino porque no hay el recurso, el material, para aterrizar el nuevo sistema de justicia penal como es debido”.

Prueba de la capacidad de sus abogados es, dijo, que Oaxaca fue el primer estado de la república, hace más de una década, en adecuar la normativa para la implementación de los juicios orales.

Sin embargo, ese conocimiento  sirvió de nada al momento de que las autoridades ejecutaron los recursos para dotar de infraestructura a la entidad, aceptó.

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