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Cada día, siete niños son víctimas ante fallida militarización y guerra al narco: Redim

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada día, siete niñas, niños y adolescentes son víctimas de homicidio o desaparición, como uno de los efectos de los diez años de guerra contra el narcotráfico y la militarización de la seguridad pública, alertó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

Al sostener que, en los últimos diez años, la política de seguridad a quien más ha impactado es a niñas, niños y adolescentes, sector que representa el 32% de la población nacional, Pérez García advirtió que “avanzar con la Ley de Seguridad Interior es no escuchar las recomendaciones internacionales e institucionalizar las violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”.

El defensor fue entrevistado después de presentar el informe “La infancia cuenta en México 2017”, que en su edición 13 aborda los efectos de la política de seguridad pública y de procuración de justicia entre los menores de edad.

“Claramente este informe es una evidencia del fracaso de la lucha del crimen organizado, una década perdida con una estrategia fallida que está representando no solamente una crisis de derechos humanos, señalada y documentada por organismos internacionales y por los propios defensores de derechos humanos, sino que hay toda la evidencia para poder mostrar que los más afectados siguen siendo niñas, niños y adolescentes”, dijo Pérez Martínez.

 

Ante la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, alertó que “preocupa profundamente que avance en el Poder Legislativo, debido a que los más afectados van a seguir siendo niñas, niños y particularmente adolescentes, y tendremos ahora menos posibilidades de detener el número de asesinatos a esta población, y por supuesto el impacto que está teniendo en otras violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias e involucramiento de niñas, niños y adolescentes en hechos delictivos”.

El reporte, que es la sistematización de información pública relacionada con menores de 18 años, resalta que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) revela que, de las 33 mil 482 personas reportadas como víctimas hasta julio pasado, 6 mil 79 son niñas, niños y adolescentes, lo que representa 18.2% del total.

De las más de 6 mil víctimas, cerca de 72.3%, esto es 4 mil 394, son desapariciones que corresponden al periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, y sólo en 2016, se reportaron mil 431 casos, “cifra que representa casi una cuarta parte (23.5%) del total de desapariciones registradas en dicho año”, se indica en el documento.

Al señalar la desaparición de menores, se destaca que, en seis de cada 10 casos, las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, el documento también subraya que, en lo que va de 2017, “las desapariciones de población de 0 a 17 años suman ya 812 casos”, además de que el primer lugar de desapariciones de menores lo ocupa el Estado de México, entidad que fue gobernada por Peña Nieto.

En cuanto a las cifras de homicidios, la Redim recordó en su reporte que, de acuerdo con datos presentados por la sociedad civil en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los primeros ocho años de la estrategia de seguridad pública, unos 2 mil niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, “de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de fuerzas de seguridad”.

En entrevista, Pérez García recordó que, en 2014, durante la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, “cuatro eran adolescentes, y del total de personas ejecutadas, seis habían sido reportadas por sus familiares como secuestradas por el crimen organizado y no se hizo nada”.

Al señalar que, en las masacres de Tanhuato y Apatzingán, en Michoacán, también se contaron a menores de edad entre las víctimas, dijo que en materia de acceso a la justicia la Redim documentó que, de cada 100 denuncias penales en las que los niños, niñas y adolescentes son víctimas, el Poder Judicial sólo emite en promedio tres sentencias condenatorias, con lo que “está garantizada la impunidad” para quien agrede a menores de edad.

En el escenario de guerra contra el narcotráfico, “36% de los adolescentes detenidos lo está por delitos contra la salud, 30% por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, lo que da cuenta de la disponibilidad de armas, de que los adolescentes son reclutados de manera forzada, de que están siendo explotados por grupos criminales y de que el Ejército y la Policía Federal cada vez tienen más interacción con ellos, pero no están preparados”.

Pérez García destacó que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU “recomendó al gobierno mexicano revisar la estrategia de combate al crimen organizado por el severo impacto que estaba teniendo en niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo, en 2011 la Redim y la Unicef elaboraron un protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas para atender a menores de edad, “se capacitó a policías y a militares, pero con el actual gobierno, la iniciativa se echó abajo”.

El defensor puntualizó en que “cada día tenemos tres homicidios de niños, niñas y adolescentes; cada día tenemos cuatro desapariciones, entonces siete niños al día están siendo víctimas de esta guerra fallida contra el narcotráfico, de esta estrategia equivocada, por eso no puede permitirse que se pueda institucionalizar más allá de lo ilegal que ha sido hasta ahora”.

En la presentación del informe, participaron Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el representante de la Unicef, Christian Sakoog; Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA), y el director general de la Oficina de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Erasmo Lara Cabrera, entre otros funcionarios.

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