Staff ENCUENTRO

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En Campeche, campos “ilegales” de soya

Ciudad de México.- Representantes de pueblos mayas de Campeche denunciaron que pese a que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una suspensión del permiso para el cultivo de soya transgénica en esas comunidades hasta que se hiciera una consulta pública, ha continuado la siembre ilegal, las amenazas e intimidación y ha prevalecido la omisión de las autoridades federales.

En noviembre de 2015, comunidades de Campeche lograron la suspensión del permiso para la siembra de soya genéticamente modificada en tanto no se realizara una consulta a las comunidades. En entrevista para SinEmbargo, denunciaron que a más de un año de la resolución la siembra no ha parado a pesar de que la consulta está en proceso.

Representantes de la comunidades mayas acudieron ayer miércoles a la SCJN, en la Ciudad de México, para expresar sus preocupaciones y exigir al Máximo Tribunal que establezca las medidas necesarias para hacer efectivas las resoluciones.

Nayely Ramírez Espinosa, asesora legal de las comunidades indígenas de Hopelchén, acusó que “hay mucha indiferencia dentro de la Corte para que se cumpla lo que ellos han dictado”.

“Nadie se hace responsable, nadie protege los derechos de los pueblos indígenas. No hay un genuino interés porque los derechos de los pueblos se protejan, porque los indígenas crezcan, porque los indígenas sean respetados”, denunció.

Los afectados acusaron que han ocurrido diversas irregularidades en el proceso para la consulta que exhiben una “flagrante violación” a lo establecido por la Suprema Corte en sus resoluciones. Entre las más graves señalaron:

  • Se ha sembrado de manera ilegal soya transgénica, a pesar de que el permiso está sin efectos.
  • Han habido amenazas, intimidación e insultos a representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la consulta.
  • No se ha garantizado imparcialidad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que ha promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias toxicas como el herbicida glifosato, a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica.
  • Se ha registrado omisión de las dependencias Federales, entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Ministerio Público Federal (MPF), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región.
  • No ha habido información a las comunidades sobre las medidas de monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica.

Leydi Pech de Ich Ek, representante indígena, lamentó que exista una serie de violaciones y atropellos a sus derechos durante el proceso de la consulta: “No se está haciendo como debiera ser, libre, previa e informada”. Además destacó que la sentencia del Máximo Tribunal se pone en tela de juicio.

“¿Qué pasa? ¿Qué tanto uno puede creer en la justicia y las leyes mexicanas? Pierde credibilidad el Estado de derecho en México”, criticó.

Gustavo Huchín, del Colectivo Apícola de los Chenes, Campeche, acusó que en el país no existe Estado de derecho: “No se nos respetan nuestros derechos. Yo creo que aquí en México a nosotros los indígenas no nos respetan como personas, más bien nos ven como objetos de interés público”.

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