Diciembre 10, 2018

Necesario, auditar reconstrucción: Encuentro Sabatino

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Las múltiples polémicas que prevalecen en la entidad sobre la presunta malversación de los recursos que debieron haber sido utilizados para la reconstrucción de los pueblos devastados por el terremoto del siete de septiembre de 2017, se resolverían con una auditoría, transparentando el destino de los recursos ejecutados con aquellos fines (8 mil millones de pesos según el gobernador, Alejandro Murat) y llamando a cuentas a los funcionarios que han actuado con opacidad, sostuvo el analista Miguel Ángel Schultz Dávila, en la emisión del pasado seis de septiembre de Encuentro Sabatino.

Para el editorialista de Encuentro Radio y Televisión, es una “gran interrogante”, a más de un año del movimiento telúrico, qué se hizo con los mil 200 millones de pesos que obtuvo Oaxaca por concepto del seguro catastrófico, con el financiamiento por mil 200 millones de pesos que solicitó el gobierno estatal y le fue autorizado por el Congreso local y con los apoyos de “millones de dólares” que fueron enviados al estado por 127 países.

En vivo, a través de las 14 frecuencias que conforman la red estatal del Corporativo de Medios de Información (CMI), Schultz sostuvo que también es necesario aclarar por qué el gobierno dejó desprotegido a los damnificados, quienes en varios casos terminaron siendo víctimas de empresas defraudadoras, que prometieron casas por 120 mil pesos y no las entregaron, o, en su defecto, de empresas materialistas que aumentaron los precios de sus productos para aprovecharse de la contingencia.

“No me digan que las autoridades no pudieron supervisar a los piratas de la construcción que se aparecieron (y) este sobreprecio que hay en los materiales para construcción”, criticó el panelista, acompañado por el director de Noticieros Encuentro, Francisco Vásquez, y del director de Encuentro Diario, Wilfrido Hernández Martínez.

La opinión anterior se generó luego de que los analistas recordaran las protestas que la semana pasada llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, una comitiva del municipio de Juchitán de Zaragoza, encabezada por la edil, Gloria Sánchez.

La alcaldesa acusó al gobierno estatal de negarse a liberar recursos que, según su versión, ya han sido aprobados en acuerdo con Sedatu para atender a 5 mil 200 damnificados de aquella municipalidad, al tiempo que las autoridades reviraron que tanto Juchitán como otros 40 municipios de la región del Istmo ha recibido apoyos de manera puntual para superar los estragos por el terremoto, que dejó en Oaxaca 86 muertos.

“Esta serie de conflictos, esta falta de entendimientos y pugnas entre las instancias federales, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, no le deja nada bueno a la población.

“Precisamente en medio de este protagonismo de los tres órdenes de gobierno es que hubo un desorden total en la atención de los damnificados por el terremoto del año pasado y las consecuencias todavía se siguen pagando: falta de respuestas a tiempo, falta de entrega de apoyos que tienen todavía a muchas personas en la calle porque literalmente se quedaron sin recursos para construir de nueva cuenta”, dijo Francisco Vásquez.

Los panelistas resaltaron, además, que las autoridades de Juchitán han estado en diversas ocasiones en el centro de la polémica, debido a las acciones en que han incurrido personajes como Óscar Cruz, secretario municipal, que días después del terremoto fue exhibido en redes sociales cuando almacenaba cientos de despensas en su domicilio particular, o el DIF Municipal, cuyos funcionarios, hace unos días, decidieron desechar miles de envases con leche que no fueron repartidos entre la comunidad.

Ministros “traicionan” a los pueblos

En otro tema, Miguel Ángel Shultz acusó de “modernos Santa Ana”, en alusión al expresidente de México, Antonio López de Santa Ana, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechazaron la controversia constitucional interpuesta por un grupo de 17 municipios oaxaqueños en contra de la ampliación de la Denominación de Origen del Mezcal (DOM), que en agosto pasado se hizo extensiva para 40 municipios de entidades como el Estado de México, Morelos, Puebla y Aguascalientes.

Con aquella resolución, emitida la semana pasada, los ministros fallaron en contra de los intereses nacionales y “no están reconociendo los derechos del pueblo a defender su cultura y sus bienes nacionales”.

Schultz explicó que, de acuerdo con sus fuentes consultadas, la Denominación de Origen del Mezcal (DOM), le permite a los productores ahorrarse hasta el 70 por ciento de impuestos al momento de exportar la bebida, lo que se traduce en cuantiosos beneficios económicos.

Además de ello, indicó, la DOM establece que para que una entidad sea poseedora del nombre “mezcal” debe comprobar que la elaboración de aquella bebida espirituosa es parte de su historia ancestral, contrario a una anécdota ocurrida en Aguascalientes, donde las autoridades festejaron su inclusión en la Denominación de Origen con una fotografía que muestra a un supuesto productor mezcalero, que, no obstante, presume un agave pulquero.

“Los oaxaqueños vamos a perder mucho con estos modernos Santa Ana que se están yendo por

la libre contal de saquear…”, cuestionó.

Wilfrido Hernández, por su parte, opinó que el fracaso en la defensa de la DOM deriva del divisionismo que impera entre los elaboradores oaxaqueños, quienes no cumplieron con las formas para echar atrás esa determinación.

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