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Gobierno federal guarda silencio sobre intento de espionaje: El Poder del Consumidor

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CIUDAD DE MÉXICO.- Ya transcurrieron más de tres meses desde que el Citizen Lab reveló que el gobierno mexicano intentó implantar un programa espía en los dispositivos móviles de dos activistas y un científico a favor del impuesto sobre los refrescos y ninguna autoridad del Ejecutivo federal ha pronunciado una sola palabra al respecto.

“Si la autoridad encargada de la seguridad nacional se hubiese enterado del espionaje cuando el Citizen Lab dio a conocer su informe (en febrero pasado), hubiera investigado el caso de inmediato”, asevera en entrevista con Apro, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. 

“Pedimos una investigación de oficio (…) solicitamos una cita con el licenciado Roberto Campa Cifrán, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), pero no tuvimos ninguna respuesta”, deplora el activista.

Y añade: “Es preocupante porque la información salió en primera plana de The New York Times, hubo solicitudes por parte de la Cámara de Diputados y del Senado, también nuestros llamados, una carta publicada en Reforma, se ha pedido que se investigue y no ha habido ni una sola declaración al respecto”.

 

Desde la publicación del informe, la senadora Marta Tagle Martínez y los diputados Araceli Damián y Rafael Hernández Soriano presentaron puntos de acuerdo en sus respectivas asambleas para denunciar el espionaje y exigir una investigación a fondo del caso.

Hernández presentó su punto de acuerdo ayer, en el que exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a garantizar los derechos a la libertad de expresión de los defensores de la salud en el país.

Alejandro Calvillo tiene dos hipótesis para explicar el silencio de las autoridades: la primera es que la tentativa de espionaje vino de funcionarios de categoría baja o media, la cual implicaría que no hay control sobre los escalones menores de la seguridad nacional. La segunda es que la orden vino de los mandos superiores.

“Es una impunidad frente a funcionarios y todo presume que están utilizando este tipo de herramientas para dar servicio a grandes corporaciones”, denuncia el activista, quien se ha dedicado los últimos años a promover políticas públicas para combatir la epidemia de obesidad y sobrepeso que azota el país, desde la agrupación El Poder del Consumidor.

Víctimas de hackeo

Junto con el doctor Simón Barquera –integrante del Instituto Nacional de Salud Pública– y Luis Encarnación –director general de la coalición ContraPESO–, Calvillo fue una de las víctimas de las tentativas de hackeo por el programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, entre julio y agosto de 2016.

NSO, que tiene estrechos vínculos con el gobierno de Israel, sostiene que sólo vende sus programas espías a gobiernos y agencias de seguridad estatales. El gobierno mexicano es cliente de esta empresa: se sabe que le otorgó por lo menos un contrato por 20 millones de dólares en 2012.

“Es el primer caso en América Latina donde se ha podido documentar el espionaje a activistas sociales, se está espiando a personas que claramente son atacadas por corporaciones”, insiste Calvillo.

Las medidas que promovieron las víctimas afectan los intereses de las industrias refresquera y de la comida chatarra: según un estudio publicado en el British Medical Journal, el impuesto redujo el consumo de refresco en 6.1% durante sus primeros dos años de implementación.

Según un modelo matemático elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad de Michigan –y presentado ayer–, el impuesto de 10% a las bebidas azucaradas reducirá en un 2.5% la obesidad en la población adulta para el año 2024 y evitará el surgimiento de entre 86 mil y 134 mil nuevos casos.

De incrementarse el impuesto a 20%, su impacto resultaría aún mayor: la obesidad disminuirá en 6.8%, mientras entre 171 mil y 267 mil nuevos casos se prevendrán.

Proceso documentó en julio de 2015 que Tomás Zerón de Lucio, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que alteró la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue el artífice de la compra del programa Pegasus, pues pretendía centralizar el sistema gubernamental de espionaje desde la Procuraduría General de la República (PGR).

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) indicó en noviembre pasado que el gobierno mexicano –tanto el federal como ciertos gobiernos estatales, por ejemplo, los de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz y de Rafael Moreno Valle, en Puebla– utiliza las herramientas de ciberespionaje de manera discrecional y opaca –a veces incluso de manera ilegal–, y fuera del monitoreo de las instancias judiciales.

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