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Sin resolverse, conflicto en San Juan Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado se negaron a dar información al respecto. / AGENCIAS La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado se negaron a dar información al respecto. / AGENCIAS

El ciudadano Jacinto Olivera, oriundo del municipio de Santiago Malacatepec cumplió este martes 12 días retenido por habitantes de San Juan Mazatlán Mixe, confirmó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

El individuo, quien es acusado de formar parte del Cabildo de San Juan Mazatlán sin ser oriundo de la población, permanece privado de su libertad al lado de dos trabajadoras del Juzgado Mixto de María Lombardo –retenidas desde el seis de septiembre—y de un funcionario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), detalló el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Los inconformes se han negado a liberar a las mujeres y los hombres, a pesar de que el gobierno del estado aseguró que la Secretaría General de Gobierno (Segego) ha abierto una mesa de negociación.

La tarde de ayer, la DDHPO emitió una medida cautelar para que el DIF estatal brindara ayuda a la familia de Jacinto Olivera, pues, según un expediente de queja comenzado al respecto, éste proveía de todo el sustento a sus allegados.

El organismo indicó que la dependencia estatal, encabezada por Ivette Morán de Murat, debía analizar qué tipo de insumos podía hacer llegar a las víctimas colaterales para que no se vulnerara su derecho humano a una alimentación adecuada.

La Defensoría no se pronunció sobre las otras tres personas.

Antecedentes

El primer ciudadano “en ser  capturado” fue Olivera, el pasado 31 de agosto, cuando circulaba a bordo de una camioneta por calles de San Juan Mazatlán, población localizada a 300 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, un recorrido de aproximadamente ocho horas en vehículo.

Según la versión de los pobladores, el motivo de la privación de la libertad es que el hombre se desempeña como parte del Cabildo del edil Macario Eleuterio Martínez, quien es acusado de ser un cacique priista que llegó al poder a través de un serie de irregularidades cometidas en el proceso electivo realizado en noviembre de 2017.

En la actualidad, Martínez es señalado de incurrir en desvío de recursos y negarse a aplicar los dineros que le han sido otorgados a la municipalidad por parte del estado y de la Federación para obras de infraestructura.

Ante ello, el sector que está en contra del munícipe, luego de la retención de Jacinto Olivera, acordó en una asamblea comunitaria llevar a cabo diversas acciones de presión con el objetivo de que el gobierno estatal investigue el actuar del primer concejal.

Así, el pasado seis de septiembre, cuando dos funcionarias del Juzgado de María Lombardo acudieron a San Juan Mazatlán a indagar el porqué Olivera permanecía secuestrado, los pobladores lejos de colaborar con el Poder Judicial, impidieron la salida de las mujeres.

Las víctimas responden a los nombres de María Manuela Jerónimo,  actuaria,  y Verónica Martínez Pablo, prestadora de servicios.

Posteriormente, el nueve de septiembre, un trabajador del IEEPCO acudió a la cabecera a entregar una notificación sobre el proceso electoral realizado en 2017 bajo la modalidad de usos y costumbres, pero al igual que a Jerónimo y Martínez, le fue impedida la salida.

El TSJE, por su parte, indicó que los servidores públicos se encontraban en la explanada municipal y, de acuerdo con los reportes, los pobladores les estaban proporcionando alimentos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado se negaron a dar información al respecto.

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