El pueblo de Santa María Chimalapa presentó un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación con el propósito de detener de forma inmediata la obra del Acueducto Coatzacoalcos.
El titular del Comisariado de Bienes Comunales, Jesús Esteva González, señaló que la acción legal ataca de forma directa los trabajos de “Construcción de la nueva fuente de abastecimiento de agua potable en Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz” (Sistema Acueducto Uxpanapa-La Cangrejera).
“Nuestra asamblea y representación comunal han pedido al Juez de Distrito la suspensión provisional de las labores debido a las siguientes vulneraciones a nuestros derechos”, precisó.
Esta megaobra, afirmó, representa un despojo a sus recursos hídricos, aun cuando las tuberías se coloquen físicamente en Veracruz, debido a que el plan busca extraer millones de litros de agua de la cuenca del Río Uxpanapa (Río El Corte), el cual surge y se alimenta en sus tierras comunales ancestrales de Oaxaca.
Asimismo, advirtió que una catástrofe ecológica en la cuenca y la zona por la sobreextracción forzada de este caudal causará un perjuicio irreversible en todo el ecosistema regional.
“No solo se atenta contra el territorio zoque, sino que se coloca en serio riesgo el equilibrio climático de toda la selva, se modificará drásticamente el ciclo hidrológico de la cuenca afectando la biodiversidad, y se acelerará el deterioro del río, el cual ya padece por la deforestación en sus riberas. Un impacto ambiental de este nivel destruirá los servicios ambientales que sostienen la vida y la estabilidad ecológica de diversos municipios entre Oaxaca y Veracruz”, según se expuso en la demanda de amparo.
Esteva González aseveró que la megaobra constituye una violación a la consulta indígena debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobaron el proyecto de más de tres mil millones de pesos en completa opacidad.
Además, indicó, representa una infracción a la Constitución federal y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al omitir su derecho a una consulta previa, libre e informada, dado que la extracción corresponde al agua que proviene de nuestro territorio.
El dirigente comunal sostuvo que el acueducto prioriza el abastecimiento del recurso a los complejos petroquímicos y a los parques industriales del Corredor Interoceánico, dejando desamparado el consumo básico de sus familias, la pesca y la agricultura de subsistencia.
