Oaxaca, Oaxaca.- La Asamblea General de Ciudadanos de San Pedro Totolápam, en los Valles Centrales de Oaxaca, se pronunció en contra de la continuidad de operaciones de la minera Don David Gold tras acusar a sus representantes de incurrir en actos de corrupción y mantener alianzas con la CTM, a la que acusan en ese sector de mantener nexos con grupos delictivos.
En la última reunión sostenida el 18 de octubre entre la población, alrededor del 80 por ciento se manifestó en contra de la minera, que durante 17 años se ha dedicado en la entidad a sustraer oro y plata, y también declaró a Totolápam como territorio “libre de sindicatos”.
Además, la Asamblea declaró persona non grata al representante legal de Don David Gold, identificado como Óscar Lara.
De mantenerse esta postura, la empresa enfrentará “dificultades críticas” en el vencimiento y eventual cierre o entrega del yacimiento para 2027, así como el riesgo de la cancelación del contrato.
“La Asamblea General determinó la salida inmediata de todos los sindicatos en el territorio de San Pedro Totolapan principalmente por la ola de violencia y muertes que ha desatado Marco Antonio Sánchez Cruz (líder de CTM)”, refirió la Asamblea.
Según la Asamblea de Ciudadanos parte de la corrupción se genera con el robo de mineral cuando es transportado desde la comunidad hacia los puertos de Manzanillo ya la ciudad de Torreón, Coahuila..
También acusaron la emisión de facturas fraudulentas cobradas de manera irregular por parte de empresas afines a la CTM.
A ello se suma que los pobladores también denunciaron el derrame de metales pesados que por años la minera ha hecho caso omiso “y que se extiende por más de un kilómetro acercándose peligrosamente al rio que actualmente alimenta de agua a la comunidades cercanas”.
Lo anterior pone en riesgo la continuidad de operaciones de la mina para el próximo año 2027, específicamente en septiembre que es donde se daría por terminado el contrato de arrendamiento de tierras por parte del Ejido de San Pedro Totolapam.
Subrayaron que las reformas vigentes a la Ley Minera exigen el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas para cualquier prórroga o nueva concesión. Sin el aval de la asamblea de San Pedro Totolapan, la renovación formal de la concesión para el lote “El Águila” resulta ilegal y socialmente inviable.
