Oaxaca, Oaxaca.- La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 16/2026 en contra de la Fiscalía de Oaxaca al acusarla de violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, acceso a la justicia y al derecho a la verdad que se tradujeron en el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, cometido el 22 de julio.
El organismo autónomo sostuvo que su investigación giró en torno al contexto de las agresiones y amenazas que precedieron al homicidio del autor de la columna El Zumbido de El Moscardón.
Además de la inscripción de las víctimas indirectas al Registro Estatal de Víctimas y de atención psicológica y tanatológica, la Defensoría pidió, como parte de las medidas de reparación, una disculpa pública dirigida a las y los familiares, en la que se reconozcan las violaciones a derechos humanos acreditadas y la responsabilidad institucional de la Fiscalía.
La Defensoría de Derechos Humanos reiteró que en el mes de julio del 2025, un año antes de su asesinato, la víctima acudió ante la DDHPO para informar sobre diversas agresiones relacionadas con su labor periodística, entre ellas ataques en medios electrónicos, amenazas de muerte vía telefónica y actos de hostigamiento e intimidación.
“El periodista manifestó entonces su preocupación de que estas agresiones pudieran escalar y poner en riesgo su vida, por lo que la DDHPO inició el expediente correspondiente y realizó de manera inmediata las gestiones ante autoridades federales y estatales para conocer el avance de las investigaciones, así también, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de amenazas”, resaltó la DDHPO.
Con base en lo anterior, la DDHPO tuvo conocimiento que la FGR determinó su incompetencia por razón de fuero, por lo que se remitió el caso a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, durante el seguimiento del caso, se documentó que la víctima desconocía el número de carpeta y la autoridad ministerial encargada de continuar con la investigación en la FGEO,
Sin embargo, en el mes de febrero del 2026, abundó, tuvo conocimiento de que la víctima continuaba recibiendo amenazas de muerte, agresiones escritas, hostigamiento intimidación mediante números telefónicos, para lo cual, “esta Defensoría solicitó nuevamente información a la Fiscalía sobre las acciones realizadas, sin obtener respuesta”.
Ante ello agregó que “para dar seguimiento, este organismo autónomo con base en sus atribuciones y facultades solicitó en varias ocasiones la colaboración del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, para que conociera la situación de la víctima, y en su caso, fuera valorada su incorporación, sin obtener respuesta”.
Luego del asesinato de Alejandro Leyva, ocurrido el 22 de julio en fraccionamiento Esmeralda de San Pablo Etla, la DDHPO afirmó que acreditó la existencia de deficiencias institucionales y responsabilidades de personas servidoras públicas de la FGEO, principalmente relacionadas con la atención y seguimiento de los hechos denunciados.
“Entre aspectos identificados se encuentra la falta de una investigación con la debida diligencia reforzada que exigía el contexto de riesgo de la víctima, así como deficiencias en la comunicación institucional, el seguimiento de la denuncia y la entrega de información solicitada por este organismo
“Para este organismo autónomo es importante recalcar que la presente Recomendación destaca que las agresiones contra periodistas afectan no solo a las víctimas directas, sino también el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información”.
La DDHPO informó que solicitó a la FGEO en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, realizar la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de garantizar su acceso a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.
De igual forma solicitó brindar atención psicológica y tanatológica especializada, gratuita, accesible a todas las víctimas indirectas que lo requieran.
En tanto, la presente Recomendación contempla la emisión de un Protocolo de Protección para Personas Víctimas de Delitos contra la Libertad de Expresión, así como una circular dirigida al personal de la Fiscalía para establecer criterios de actuación cuando una investigación pueda estar relacionada con el ejercicio del periodismo.
Como parte de las medidas de reparación, la DDHPO pidió realizar una disculpa pública dirigida a las y los familiares, en la que se reconozcan las violaciones a derechos humanos acreditadas y la responsabilidad institucional correspondiente.
Asimismo, pidió identificar todas las carpetas de investigación relacionadas con el caso del periodista por su labor, y cuando corresponda, remitir a la FGR información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio.
La Recomendación incluye además el establecimiento de mecanismos adecuados para proporcionar información a los organismos públicos de derechos humanos cuando ésta sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.
Fiscalía acusó filtración de información
En su momento, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, acusó que aquella instancia no compartió información sobre el caso de Alejandro Leyva por existir antecedentes de filtraciones de expedientes e indagatorias a terceras personas.
Rodríguez Alamilla, ex defensor de derechos humanos de Oaxaca, acusó a la DDHPO de no haber cumplido con los protocolos y no haber emitido una alerta temprana para proteger a Alejandro Leyva.
