Cría cuervos: la herencia política del conflicto magisterial

Por Lilu Martínez – Sin Filtros

Hay una frase popular que dice: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. Y quizá pocas expresiones describen mejor lo que hoy ocurre entre el gobierno de Morena y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Durante años, cuando estaban en la oposición, los hoy gobernantes caminaron junto a los movimientos sociales, respaldaron sus protestas, justificaron sus bloqueos y les prometieron que cuando llegaran al poder las cosas serían distintas. Les dijeron que habría justicia, diálogo y solución a demandas históricas. Entre ellas, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reversión de reformas educativas que rechazaba el magisterio disidente.

Hoy la realidad alcanzó a todos.

Resulta que gobernar es muy distinto a hacer campaña. Resulta que administrar un país no se hace con discursos, consignas ni promesas lanzadas desde un templete. Resulta que los números sí importan.

Ahora escuchamos a Ricardo Monreal afirmar que derogar la Ley del ISSSTE costaría cerca de siete billones de pesos y provocaría un caos presupuestal. Que no habría recursos suficientes para programas sociales, seguridad, salud ni para los propios maestros.

¿Eso no lo sabían antes?

¿Nadie hizo las cuentas cuando se prometía escuchar al magisterio? ¿Nadie explicó que algunas exigencias simplemente eran inviables financieramente? ¿O se dijo lo que la gente quería escuchar porque había elecciones de por medio?

Porque cuando no se tiene la responsabilidad de gobernar es muy fácil prometer. Es muy fácil decir sí a todo. Es muy fácil colocarse del lado de la protesta. Lo difícil viene después, cuando hay que administrar recursos limitados y tomar decisiones impopulares.

Y ahora vemos el resultado.

El gobierno le cierra la puerta a la CNTE. La CNTE acusa traición. El gobierno habla de responsabilidad presupuestal. La CNTE responde con más movilizaciones. Y en medio de esa disputa política hay miles de ciudadanos que están pagando los platos rotos.

Hablemos de ellos.

Del comerciante que abrió su negocio en el Centro Histórico de Oaxaca y vio caer sus ventas un 60 por ciento. Del restaurantero que tiene que seguir pagando renta aunque no entren clientes. Del hotelero que observa cómo los visitantes prefieren evitar zonas tomadas por plantones. Del taxista que realiza menos viajes. Del vendedor ambulante que tampoco vende porque simplemente no hay quien compre.

Esos ciudadanos no aparecen en las mesas de negociación.

Nadie habla de indemnizarlos.

Nadie propone compensarlos.

Nadie les pregunta cómo van a pagar la nómina o los servicios a fin de mes.

En la Ciudad de México la situación es similar. Comerciantes reportan pérdidas de hasta el 95 por ciento por los bloqueos y las restricciones de acceso. En Oaxaca, líderes empresariales calculan afectaciones económicas por alrededor de 100 millones de pesos diarios cuando las movilizaciones paralizan la actividad en la capital.

Y mientras eso ocurre, el conflicto sigue entrampado.

La CNTE tiene responsabilidad porque exigir derechos no puede convertirse en una licencia para afectar indefinidamente los derechos de terceros. Ninguna causa social se fortalece cuando destruye la economía de quienes también trabajan para sobrevivir.

Pero el gobierno tampoco puede lavarse las manos.

Porque este problema no nació ayer.

Fue alimentado durante años con discursos políticos, promesas ambiguas y expectativas que hoy se reconocen como imposibles de cumplir. Se construyó una relación basada en promesas que ahora chocan contra la realidad presupuestal.

Por eso este conflicto tiene dos responsables.

Un movimiento que se acostumbró a presionar mediante bloqueos porque históricamente obtuvo resultados de esa forma.

Y una clase política que durante años alentó esas expectativas cuando estaba fuera del poder, pero que ahora, desde el gobierno, descubre que las soluciones que prometió no eran viables.

Al final, mientras unos discuten en mesas de negociación y otros organizan nuevas protestas, los ciudadanos siguen trabajando, perdiendo ventas, cancelando inversiones y enfrentando incertidumbre.

Y quizá la gran lección de este episodio sea esa: prometer es fácil. Gobernar es difícil. Pero las consecuencias de las promesas incumplidas siempre terminan recayendo sobre quienes menos culpa tienen: los ciudadanos que todos los días levantan una cortina, abren un negocio y tratan de ganarse la vida honestamente.