Oaxaca. La organización Litigio Estratégico Indígena condenó que a 4 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Poder Legislativo construir la Ley de Consulta Previa Libre e Informada las autoridades no han acatado tal ordenamiento, al tiempo que acusó al Juzgado Décimo del Distrito de Oaxaca de ser cómplice de tal omisión.
La agrupación, dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, recordó que la Segunda Sala de la SCJN emitió tal resolución el 10 de junio de 2021 en plena pandemia de Covid 19.
Al conceder el amparo en revisión 1144/2019, la Corte ordenó al Congreso de la Unión expedir una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, con el objetivo de garantizar que los pueblos indígenas sean escuchados de manera auténtica en las decisiones que los afectan.
Esta resolución está estrechamente vinculada con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que significó un parteaguas en la incorporación plena de los derechos humanos en el marco jurídico mexicano.
“Se cumplen cuatro años desde que la Suprema Corte dictó esta sentencia, y el Congreso de la Unión sigue sin cumplirla. Esta omisión constituye un incumplimiento flagrante del mandato judicial y una negación prolongada de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, criticó la agrupación.
Desde el fallo, “Litigio Estratégico Indígena ha insistido de forma constante en la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el Congreso ha evadido su responsabilidad, amparándose en formalismos y sin mostrar avances reales hacia la creación de la ley ordenada por la Corte.
“Esta inacción ha sido permitida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, cuyo titular ha evitado exigir el cumplimiento estricto de la sentencia. Lejos de hacer valer el mandato de la Suprema Corte, el juez ha aceptado como válidas las excusas del Congreso, manteniéndolo en un estado ficticio de ‘vías de cumplimiento’”, denunció.
Agregó que mientras eso sucede, los pueblos indígenas y afromexicanos continúan esperando: “A más de 24 años de la reforma constitucional indígena, catorce años desde la reforma constitucional de derechos humanos, y cuatro años desde que se concedió el amparo, el Estado mexicano sigue sin expedir una ley que garantice el derecho de consulta previa, libre e informada.
“La creación de esta ley no es solo una obligación legal impuesta por la Corte es un acto de justicia largamente postergado con los pueblos que han sido históricamente ignorados por el Estado mexicano”, reiteró.
