La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una nueva ley de la Guardia Nacional, que reforma ocho leyes y códigos para que “genere y utilice información de seguridad nacional”.
En la justificación de motivos del proyecto se establece que la Sedena supervisará las operaciones de seguridad pública que realice la GN, además de auxiliar a autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México que soliciten su apoyo.
La reforma permitirá a la Sedena que “genere, opere, procese y utilice información en materia de seguridad nacional y desarrolle productos y servicios de inteligencia”.
“Servicios que contribuyan a identificar y atender los riesgos y amenazas a la integridad, estabilidad y permanencia del estado mexicano, así como dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el estado de derecho y las instituciones de gobierno”, indica el proyecto.
También apoyarán al Poder al Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República, cuando “así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones en materia penal federal”.
La GN será integrada como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, con personal civil de confianza.
De acuerdo a la iniciativa que será discutida en un periodo extraordinario de sesiones que se prevé llevar a cabo del 23 al 30 de junio, la GN “podrá llevar a cabo “operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito”.
“Asimismo realizar bajo el mando y conducción del Ministerio Público, la investigación que resulte de esas operaciones”, indica.
Cabe recordar que el 25 de abril de 2023, el pleno de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) declaró la invalidez para llevar a cabo acciones encubiertas y de usuarios simulados.
También podrá “recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios, instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva”.
“En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada y los derechos humanos de las personas. Los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio”, se aclara en el documento.
Además, se especifica que “realizará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos”.
La Sedena nombrará a los integrantes del Tribunal Superior Militar “por acuerdo de la presidenta de la república”.
Entre las sanciones al personal de la GN “se impondrá una pena de cinco años de prisión al personal militar que conspire para cometer el delito de traición”.
El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna informó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia que preside el morenista, Julio César Moreno.
