Morena y aliados sumaron 34 votos para aprobar reformas a las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y de Contabilidad Gubernamental para transferir las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dichas modificaciones forman parte de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica para trasladar al Inegi la responsabilidad de la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social.
La oposición tuvo 12 sufragios en contra en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por lo que el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Palacio de San Lázaro para programar su discusión y votación en el pleno.
Se establece que la política de desarrollo social como el conjunto de programas, proyectos y acciones tendientes a reducir las brechas de desigualdad, pobreza, rezago social y exclusión social, potenciando y garantizando el desarrollo sostenible y con equidad.
El Inegi llevará a cabo la actualización de los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, procurando la homogeneidad y comparabilidad de la información.
Se establece que proyectos, acciones y recursos que conforman dicha política son prioritarios y de interés público, “por lo que serán objeto de seguimiento y evaluación”.
“La actualización de los lineamientos y criterios técnicos deberá mejorar la medición y garantizar que los indicadores de mediciones anteriores puedan seguir siendo estimados en el tiempo y espacio”, indica.
El INEGI hará una evaluación integral de la política de desarrollo social y el correspondiente informe general a través del portal institucional y en términos de lo previsto en la legislación en materia de transparencia.
El petista Jorge Armando Ortiz consideró que la reforma armonizará la ley con la Constitución, simplificará la estructura gubernamental y fortalecerá la evaluación de las políticas de desarrollo social, fijando límites y alcances para que cada institución cuente con un ámbito de actuación clara y sin duplicidades.
