Oaxaca de Juárez, Oax. La familia del periodista Alejandro Leyva Aguilar difundió un segundo comunicado público en el que rechaza las declaraciones emitidas por el gobierno estatal sobre la manifestación realizada el pasado 25 de julio durante la Calenda de las Culturas, y exige una investigación sobre las acciones emprendidas por funcionarios durante ese acto.
En el documento, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la opinión pública, los familiares sostienen que su protesta fue pacífica y que en ningún momento existieron actos de provocación. Señalan que el grupo estaba integrado principalmente por mujeres, una de ellas embarazada, además de jóvenes y adultos mayores, quienes portaban mensajes para homenajear al comunicador asesinado y exigir justicia por el crimen.
La familia afirma que las pancartas exhibidas durante la manifestación retomaban frases del periodista con el objetivo de visibilizar su dolor y demandar el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, cuestiona que funcionarios estatales hayan intervenido para impedir la exhibición de los mensajes, situación que califican como un acto de censura.
En el comunicado también expresan su inconformidad con la referencia hecha por autoridades estatales a un supuesto “Protocolo de Atención a la Protesta Social”, al señalar que desconocen su contenido y aseguran que no ha sido publicado oficialmente. A su juicio, esto refleja una contradicción entre el discurso gubernamental sobre libertad de expresión y las acciones implementadas durante la movilización.
Los familiares sostienen que no buscan una negociación política ni mantienen demandas particulares con el gobierno estatal, sino que exigen el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Leyva Aguilar y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.
Finalmente, solicitaron la intervención de la presidenta de la República para que se investigue quién ordenó las acciones denunciadas durante la protesta y se deslinden responsabilidades. Además, señalaron que las disculpas públicas resultan insuficientes si no van acompañadas de medidas concretas y sanciones para quienes hayan participado en los hechos que consideran una vulneración a sus derechos.
