Agosto 21, 2019

La reforma que se presentará hoy el Congreso de la Unión para crear la Guardia Nacional, debe realizarse con base en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la semana pasada tiró la Ley de Seguridad Interior, afirmó Catalina Pérez Correa, doctora en derecho y profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

 

Señaló que se trata de una reforma profunda a la Constitución, que implica una amplia deliberación, en la que se permita la participación de todas las voces, entre ellas la de la academia y la de organismos nacionales e internacionales.

 

“Y eso no se puede hacer cuando el dictamen aún no se conoce un día antes de que se presente en el Congreso”, detalló.

 

“Lo que nosotros quisiéramos ver es que hubiera oportunidad de que se debatiera y se corrigiera cualquier exceso y, sobre todo, cualquier cosa que vaya en contra de los tratados internacionales firmados por México”, agregó.

 

En entrevista con El Financiero, señaló que lo planteado hasta ahora para crear la Guardia Nacional requiere una “reforma constitucional profunda”, conforme a lo que resolvió la Corte en torno a la Ley de Seguridad Interior.

 

“No sabemos cuántos artículos se modificarán, pero no sólo son los referentes a que los militares estén en tareas de seguridad pública, sino aquellos relacionados con el debido proceso, federalismo, participación democrática, entre otros”, apuntó.

 

Agregó que la importancia del tema es porque se pretende quitar la exclusividad de que los civiles sean los únicos encargados de realizar la tarea de seguridad pública, y por ello la reforma ya debía conocerse.

 

“Mañana (este martes) presentan la iniciativa de reforma y nadie la conoce más que ellos mismos (los diputados de Morena), cómo es posible eso cuando en los foros de paz se planteó dar marcha atrás a la militarización de la seguridad pública y se pidió un esfuerzo por capacitar a las policías civiles”, insistió.

 

En las últimas sesiones de la Corte, los ministros mencionaron al menos siete artículos de la Constitución que limitan el uso de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública y la condicionan a la excepcionalidad y temporalidad.

 

Se trata de los artículos 16, 21, 29, 73, 89, 119 y 129, los cuales, estimaron los ministros, abren la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tiempos de paz, condiciones eventuales y transitorias, a petición de autoridad, a tareas se seguridad pública, siempre bajo el mando de autoridades civiles.

 

Los ministros señalaron del peligro de poner a las Fuerzas Armadas en tareas permanentes de seguridad pública, entre ellas el incremento de las violaciones a los derechos humanos y un mayor uso excesivo de la fuerza pública, sobre todo por el tipo de formación que es militar distinta a la visión de seguridad pública.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Los casos de los funcionarios y ex gobernadores, ventilados en los medios de comunicación por incurrir en actos de corrupción, que podrían salir libres, es claro que pueden salir, porque en las administraciones públicas, los ámbitos de responsabilidad son diferentes, señaló el investigador del Centro Investigación Docencia Económica (CIDE), Jaime Hernández Colorado.

El especialista, cuestionó el seguir creyendo que se podrá meter a la cárcel a alguien, como el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y “achacarle” responsabilidades que no estaban en el ámbito de sus competencias. “Eso no es posible”.

Lo mismo, a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, entre otros ex gobernadores, Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo.

A su juicio, lo que se tiene que hacer es investigar las redes de corrupción. Hasta el momento, se tienen documentadas los casos de las investigaciones periodísticas tituladas “La Estafa Maestra”.

Hernández Colorado, destacó que en el caso del ex gobernador de Veracruz, probablemente se vio beneficiado por el comportamiento de esa red, pero la responsabilidad no fue directamente de él, sino de otros funcionarios que decidieron participare en esa red.

En tanto, dijo que el desaparecer el ramo 23, como propone la bancada de Morena en el Congreso Federal, para erradicar los llamados “moches” y el uso discrecional de recursos, es necesario establecer el destino de esos recursos, y reglas para el nuevo esquema de operación.

De acuerdo con la definición oficial, el llamado Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas es “un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del gobierno federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades.

”Este instrumento es conocido como Provisiones salariales y económicas o Ramo 23, tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos. En total para 2017, la Cámara de Diputados aprobó $35,805.19 millones de pesos (35 mil 805 millones de pesos)”, que fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los estados y municipios firmando sólo un convenio para su transferencia.

Para Hernández Colorado, lo que se tiene que exigir como ciudadanos, no es que desaparezca el ramo, si no que se explique a dónde se va ir ese dinero y cuáles son las reglas, porque no se necesita desaparecer cosas, si no poner reglas claras y que funcionen bien, con decisiones transparentes en el ejercicio público.

 

Ciudad de México.- Reequilibrar la desigualdad en México –donde el 1% de la población más rica concentra la misma fortuna que el 60% más pobre– y garantizar el acceso a derechos sociales requiere de dinero, y una opción para conseguir estos fondos consiste en incrementar los impuestos a los mexicanos más ricos, aseguró Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Para tener un México que quiera lograr un acceso efectivo y universal a los derechos, debemos replantearnos la forma de cómo pagamos impuestos, evidentemente cargando la mano a quienes ganan más, y teniendo subsidios a quienes ganan poco”, puntualizó en entrevista con Apro.

Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, coincidió en que la política social no se puede ver aislada de la política hacendaria y de la política tributaria.

“Una mayor recaudación, bien hecha, podría generar más recursos para una política social. En México, la política social y la política de impuestos no están generando una redistribución”, dijo a esta agencia.

Haciendo eco de un informe que publicó Oxfam en enero pasado, Fuentes consideró necesario incrementar los impuestos a los más ricos. “Creemos que el tema de impuestos a las herencias, impuestos al capital, o un sistema impositivo en general que deje más progresividad, es muy importante”.

Durante la presentación de un informe del Centro de Investigación y Docencia Académicas (CIDE), Fuentes exhortó al futuro gobierno a cumplir con dos de sus promesas: “separar el poder económico del político” y “primero los pobres”.

El informe analiza el fracaso de dos décadas de programas sociales en México, debido a su uso clientelar y a la fragmentación de la política en 6 mil 489 programas y acciones de desarrollo social –desde los tres órdenes de gobierno– que “atienden de manera aislada pequeños atributos de la pobreza”, pero además “se estorban, se duplican, y difícilmente podemos saber sus efectos”.

De igual manera, exhorta a los poderes públicos a rebasar el simple objetivo de “pegarle al indicador” e implementar una política social basada en los derechos de las personas y, sobre todo, dejar atrás el uso clientelar de los programas sociales.

“No hay duda de que México necesita un cambio de política social”, sostuvo Pilar Parás, representante del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. “La desigualdad en nuestro país es insostenible: el 1% de los más ricos concentra más riquezas que el 60% de la población”, añadió.

Almuneda Ocejo Rojo, quien encabezará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, afirmó que la política social se convirtió en un “desmadre de intereses y cotos de poder” y que finalmente todos los actores involucrados se satisfacen del clientelismo.

“Todo ya pensaron en las soluciones, pero nadie las quiere”, aseveró, luego de añadir que “al final de cuentas la clientela es la que vota (…) terminan repitiendo las mismas prácticas porque dicen que les ha funcionado”.

Remató: “Se quiere hacer todo, pero el nivel de recursos es bajo. En la Ciudad de México no hay una política social integral, hay un catálogo de programas”.

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