Entidades de México enfrentan significativos problemas financieros en pensiones, alerta ASF

    Las entidades federativas mexicanas registran significativos problemas financieros (déficits) en sus sistemas de pensiones, los cuales demandan elevados y crecientes requerimientos de recursos, siendo el problema estructural más importante que registran, destacó la más reciente entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

     

    Los estudios actuariales de las 32 entidades federativas revelaron que casi la totalidad, salvo dos excepciones y tres que no presentaron su evaluación, arrastran déficits en sus sistemas de pensiones de aproximadamente de 1.6 billones de pesos, del que dependen alrededor de un millón de personas afiliadas.

     

    La falta de información sobre el pasivo y situación de los sistemas de pensiones locales motivó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) estableciera que los entes públicos de los gobiernos subnacionales deben realizar un estudio actuarial de la situación de las pensiones de sus trabajadores y que debe ser actualizable cada tres años, y debe contener como mínimo la información relativa a la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el balance actuarial en valor presente.

     

    En el informe de la ASF se detalló que el Estado de México es el que mayor déficit presenta, de 535 mil 443 millones de pesos; le siguen Jalisco, con 260 mil 580 millones; Veracruz, con 150 mil 965 millones; Chiapas, 138 mil 607 millones; Chihuahua, 130 mil 698 millones de pesos.

     

    De acuerdo con el órgano fiscalizador, en la información proporcionada por las entidades federativas se destaca que Michoacán de Ocampo presentó inconsistencias entre el estudio actuarial y lo reportado en el formato ocho de la LDFEFM, mientras que el estado de Morelos no lo realizó, en tanto que otras entidades como Baja California Sur, Ciudad de México y Quintana Roo no llevaron a cabo el estudio actuarial en virtud de que cuentan con convenios con instituciones de seguridad social, como el ISSSTE.