Impunidad por muerte de activistas oaxaqueños se fomenta desde Fiscalía, dice activista

    Escrito por: ÁLVARO MORALES Diciembre 14, 2019 0
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    Oaxaca de Juárez, oax.- La impunidad que prevalece en los 23 asesinatos de defensores de derechos humanos contabilizados durante los últimos tres años en Oaxaca, es una muestra de la indiferencia que el Estado mantiene con aquel sector, al que, por el contrario, ve como enemigo y busca acallar para no tener oposición en los proyectos que pretenden vulnerar las garantías universales  de pueblos y comunidades, afirmó el defensor y miembro de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.

     

    Coordinador del Área de Derechos Territoriales de Educa, Reyes refirió que la Fiscalía General del Estado mantiene rezagadas la mayoría de las carpetas de investigación relacionadas con la ejecución de activistas y con decenas de agresiones.

     

    En entrevista, acusó que el aparato de justicia “no está funcionando” y muestra de ello son las indagatorias por el asesinato de Bernardo Vásquez, un activista que fue ultimado en San José del Progreso cuando se oponía a la continuación del proyecto de la minera Cuzcatlán.

     

    “Para los defensoras y defensores hay un proceso de denostar el trabajo que estamos realizando”, lamentó Reyes Méndez.

     

     “Nosotros, las personas que defendemos derechos humanos, no somos personas que estamos en oposición al Estado ni en oposición al gobierno, somos las voces que colocamos las problemáticas más sentidas frente al gobierno para que tome cartas en el asunto”, lamentó Reyes, en un primer momento, al ser consultado sobre el trato que han recibido los activistas por parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.

     

    Ante ello, consideró que tiene que haber un cambio en el paradigma de la actuación gubernamental, que debe dejar de percibir a los defensores como enemigos y sí como “aliados importantes que podemos conjuntamente mayores garantías para la protección de los derechos humanos”.

     

    Reiteró que en el ámbito local, en referencia al gobierno del estado, el aparato de justicia es obsoleto.

     

    “Hablo directamente de la Fiscalía; hay casos emblemáticos: uno de ellos, el asesinato de Bernardo Vázquez en San José del Progreso, comunidad que estaba enfrentando un proyecto minero. No hay ningún avance en materia de justicia, los asesinos continúan en la impunidad, no hay ninguna persona detenida por esa situación y, entonces, hay una completa inacción por parte de la Fiscalía”.

     

    Asimismo, manifestó que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) desmanteló, desde la llegada de Bernardo Rodríguez Alamilla, en mayo pasado, la Defensoría Especializada en Materia de Protección a Personas Defensoras.

     

    “Ya no está operando y eso había sido un logro de la sociedad civil y de comunidades que exigían un mecanismo que pudiera garantizar la labor de la defensa de los derechos humanos; actualmente, esto ya no existe por parte de la Defensoría.

     

    “Entonces encontramos que el gobierno, tanto estatal como federal, han abandonado completamente la agenda de los derechos humanos y el mayor interés que tienen es la promoción de la inversión económica”.

     

    En lo que va de 2019, en Oaxaca han sido asesinados un total de siete defensores de derechos humanos, lo que equivale al 25 por ciento de las 28 ejecuciones que se han registrado en el ámbito nacional en el mismo periodo, condenó Educa.

     

    Reyes precisó que los siete activistas ultimados en lo que va de este año, se suman a los seis asesinados en 2017 y 10 en 2018 para un total de 23 defunciones contabilizadas durante los primeros tres años del gobierno de Alejandro Murat.

     

    El primer asesinato de defensores de derechos humanos ocurrido este año fue el de Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), el pasado 20 de enero, en Santiago Jocotepec, subrayó el representante de Educa.

     

    Un día después, el 21 de enero fue muerto Bernardino García Hernández, quien era el representante de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas en el diálogo para destrabar el conflicto agrario con San Sebastián Nopalera, en la región de la Mixteca de Oaxaca, agregó Neftalí Reyes.

     

    El nueve de febrero fue últimado Óscar Cazorla, activista muxe oriundo del Istmo de Tehuantepec,  y fundador de la agrupación las Auténticas Intrepidas Buscadoras del Peligro en Juchitán de Zaragoza.

     

    Asimismo, apuntó, el tres de marzo fue ultimado Camilo Pérez Álvarez, líder natural del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); el 11 de abril fue asesinado Luis Armando Fuentes Aquino, defensor comunitario e integrante de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, así como activista de la Red de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica. Éste último pereció a consecuencia de disparos con arma de fuego en San Francisco Ixhuatán, en la región del Istmo de Tehuantepec.

     

    Por otra parte, refirió que Telésforo Santiago Enríquez, profesor indígena y activista en una radio comunitaria, fue emboscado el dos de mayo, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la región Sierra Sur, y, finalmente, el último en ser asesinado fue Catalino Barradas Santiago, en Santos Reyes Nopala, el pasado 30 de noviembre.