Congreso de la Unión pide a FGR atraer investigaciones por asesinatos de ediles oaxaqueños de Morena

    Escrito por: ÁLVARO MORALES Enero 29, 2020 0
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    Oaxaca de Juárez, Oax.-Con 10 votos a favor, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo a través del cual exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) “evaluar la posibilidad” de atraer las investigaciones por diversos asesinatos cometidos en Oaxaca durante los últimos dos años y medio en contra de candidatos  y representantes populares ligados con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

     

    En el documento avalado y que será puesto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente para su aprobación definitiva, se pide a la FGR la posibilidad de ejercer su facultad de atracción en las investigaciones de los homicidios del edil de Jalapa de Díaz, Arturo García Velázquez; del síndico de la misma población, Javier Terrero; del presidente municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago, así como del candidato a diputado local, Emigdio López Avendaño, y de los militantes Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apolonio Cruz y Florencio Ramírez, debido a que todos esos crímenes permanecen en la impunidad.

     

    Los asesinatos de Arturo García Velázquez y de Javier Terrero se suscitaron el pasado 23 de diciembre de 2019, durante una celebración navideña, al tiempo que Alejandro Aparicio, junto con el síndico, Perfecto Hernández,  fueron ultimados el primero de enero de 2018, horas después de que ambos asumieran el cargo. Por su parte, Emigdio López Avendaño, Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apolonio Cruz y Florencio Ramírez fueron acribillados el 25 de junio de 2018 en San Vicente Coatlán.

     

    De acuerdo con el resolutivo, “uno de los principales problemas que enfrenta la ciudadanía en México es la inseguridad. La impunidad para cometer crímenes ha provocado la consolidación de conductas que han optado por desarrollarse al margen de la cultura de la ley, planteando con ello importantes retos a las instituciones del Estado Mexicano”.

     

    Los integrantes de la comisión dictaminadora resaltaron que los crímenes denunciados se dirigen a liderazgos políticos y funcionarios públicos electos de Oaxaca, “lo que en sí mismo representa un hecho de suma gravedad al afectar la integración misma de las instituciones de gobierno generando múltiples efectos en la ciudadanía tales como una mayor incertidumbre, temor y una creciente sensación .de indefensión ante las estructuras criminales que se perciben como capaces de atentar contra autoridades públicas electas, sin recibir castigo”.

     

    Lo anterior, agrega el documento, no solo afecta los procesos ordinarios de relación entre autoridades y gobernados sino que erosiona gradualmente la calidad de vida democrática de la sociedad, nulificando progresivamente las vías institucionales y legales para la construcción de ciudadanía.

     

    Por ello, las y los integrantes de esta Comisión coincidimos con los planteamientos formulados por el promovente en el sentido de exigir " que las instituciones de justicia  tanto en el ámbito federal como estatal comiencen a presentar resultados de las investigaciones correspondientes y sienten las bases para terminar con el contexto de ineficiencia e impunidad que incentiva, tolera y fomenta la comisión de conductas il/citas en el estado de Oaxaca”.

     

     

    Asimismo, dijeron coincidir con la afirmación de que la culminación de investigaciones y el adecuado procesamiento de los responsables es una condición indispensable para impulsar la transformación de nuestro sistema de justicia y para consolidar el proceso de pacificación del país.

     

    “Por ello y en la expectativa de que los crímenes denunciados en el Punto de Acuerdo que se dictamina puedan ser resueltos, y que la resolución de los mismos pueda ser un impulso a combatir a los grupos y las estructuras criminales que los planearon, los ejecutaron y los han dejado impunes, esta Comisión considera procedentes los planteamientos planteados”.

     

     

    En Oaxaca, impunidad avasallante

    Asimismo, el dictamen retoma cifras contempladas dentro del reporte "Hallazgos 2018”, elaborado por México Evalúa, el cual revela que el 94.6 por ciento de los delitos del fuero federal que se denuncian quedan impunes, una cifra que asciende al 96.1 por ciento cuando se trata de todos los delitos que se cometen en todo el país.

     

    De acuerdo con ese reporte, siete estados tienen una impunidad del 99 por ciento. Esta lista es encabezada por Tamaulipas, en donde el 99.99 por ciento de los delitos que se denunciaron quedaron sin resolverse.

     

    Debajo de Tamaulipas, las entidades con mayor porcentaje de impunidad fueron Veracruz (99.8 por ciento), Nuevo León (99.6 por ciento) Chiapas (99.4 por ciento) Tabasco (99.4 por ciento) Baja California Sur (99.4 por ciento) y Yucatán (99 por ciento).

     

    En dicho estudio, en Oaxaca el 94.2 por ciento de los delitos que se denuncian ante la Fiscalía General del estado quedan sin solución. En este contexto, y de acuerdo con el índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019 elaborado por la organización "Impunidad Cero", la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se ubicó en la primera posición en' impunidad en lo relativo al homicidio doloso.

     

    Luego del contexto anterior, la Comisión resolvió elaborar el siguiente dictamen:  “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, con pleno respeto a su autonomía, evalúe la posibilidad de ejercer su facultad de atracción en las investigaciones relacionadas con los homicidios de Arturo Garda Velázquez, Javier Terrero, Emigdio López Avendaño, Alejandro Aparicio Santiago, Saúl Vásquez Villegas, Oiga Lidia Vásquez Sánchez, Apolonio Cruz y Florencio Ramírez ocurridos en el estado de Oaxaca”.