Oaxaca de Juárez, oax.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de Estudios Legislativos, Segunda, en la cámara de senadores, aprobaron por unanimidad un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución, en materia de seguridad vial.

     

    En las consideraciones del dictamen, los integrantes de las comisiones destacan la importancia de velar por el bienestar de la sociedad, generando una eliminación a los altos índices de mortalidad por accidentes automovilísticos. 

     

    El dictamen plantea en sus artículos transitorios que el Congreso de la Unión deberá expedir una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que generará mayor control para la sociedad, y asegura la integridad física de los niños y niñas, peatones, ciclistas y motociclistas.

     

    La nueva ley deberá establecer la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Vial, a fin de que se elaboren estrategias, planes y metas nacionales en materia de seguridad vial.

     

    Las entidades federativas y municipios, deberán adecuar sus legislaciones para contar con la movilidad y seguridad vial óptima para el bienestar de sus habitantes, a fin de generar una amplia aplicación del derecho, conservando el bienestar social y las buenas prácticas de los ciudadanos.

     

    También, deberá incluir la creación de una Plataforma Nacional de Licencias de Conducir, y la homologación de los requisitos para la obtención o renovación de las licencias de conducir.

     

    Además, precisa que todo vehículo motorizado que circule en el territorio nacional deberá estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, ante cualquier accidente de tránsito.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Entre acusaciones de actos de corrupción y la inconformidad de una tercera parte de la base trabajadora, los líderes María de Jesús Baltazar Carrasco, Jesús Matus Martínez y Eduardo Javier Escobar Bernardino fueron reelectos por tercer año consecutivo como delegados del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) ante el Congreso del Estado.

     

    Más de 50 empleados de base del Poder Legislativo, acusaron que los personajes antes mencionados negociaron su continuidad con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza el morenista Horacio Sosa Villavicencio, a cambio de favores, tratos preferenciales e, incluso, bonos económicos.

     

    Versiones fidedignas hechas llegar a Encuentro Radio afirmaron que por cada voto a favor de los actuales delegados, los trabajadores recibieron entre 300 y mil pesos, gracias a lo cual la terna integrada por María de Jesús Baltazar, Jesús Matus Martínez y Eduardo Javier Escobar obtuvo 96 sufragios.

     

    Los disidentes, un total de 56 empleados de base, repudiaron los resultados y afirmaron que éstos derivaron de un acuerdo previo entre la Jucopo y los tres delegados que buscaban permanecer en el cargo.

     

    Incluso, acusaron que la compra de votos por 300 y hasta mil pesos se dio gracias a que la Junta de Coordinación Político otorgó los recursos necesarios para que esa práctica se llevara a cabo.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- El 80.4 por ciento de la población oaxaqueña no confía en sus autoridades y, por ende, no denuncia los casos de corrupción de los que es objeto por parte de servidores públicos, estimó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

     

    En el marco de Día Internacional contra la Corrupción –que se conmemorará el próximo nueve de diciembre--, el organismo autónomo refirió que el 11.2 por ciento de los ciudadanos oaxaqueños entrevistados denunció haber sufrido algún tipo de cobro indebido por parte de los funcionarios, lo que colocó al estado con una de las tasas más bajas del país (número 26).

     

    No obstante, el Inegi precisó que el porcentaje al que asciende la cifra negra, nombre que se le da a los hechos ilícitos que ocurren, pero que no le son notificados a las autoridades, llegó al 80.4 por ciento.

     

    Los niveles de no denuncia registrados en Oaxaca, abundó el Instituto, son similares a los Querétaro, donde el 82.2 por ciento de los casos de corrupción no son indagados; Coahuila, con el 80.9 por ciento; Guanajuato, con el 79.9 por ciento, y Tlaxcala, con el 78.6 por ciento.

     

    El reporte abundó que dentro de las principales causas por las que la ciudadanía no denuncia figura la falta de confianza hacia las autoridades, aunque existe un 30 por ciento de víctimas que admitió haber obtenido algún beneficio con los actos de corrupción practicados.

     

    Es de mencionar que en el caso de transparencia presupuestaria, el Poder Ejecutivo y los municipios oaxaqueños permanecen en el último lugar nacional, por la baja calidad de los informes que entregan a la Federación sobre la forma en que utilizan lo recursos públicos que le son ministrados.

    Oaxaca de Juárez, oax.- Con 34 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles la minuta enviada por la Cámara de Diputados Federal por la que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato y consulta popular.

     

    Sin embargo, la votación y aprobación del dictamen quedó únicamente como un hecho anecdótico, debido a que el proyecto alcanzó desde la semana pasada el aval de 17 entidades del país para ser declarado válido en este país.

     

    En el dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Constitucionales, que encabeza la morenista Delfina Guzmán, se estableció que la reforma trata de temas fundamentales para salvaguardar la democracia, “pues permite a la ciudadanía poner en práctica el derecho constitucional de votar y opinar en  cualquier tema del ámbito nacional”.

     

    También, en materia de revocación de mandato, permite que la población solicite que un representante elegido popularmente sea removido del cargo.

     

    Entre otras cosas, la minuta establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá interpretar las disposiciones constitucionales en la materia conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano.

     

    Asimismo, que será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que emita la validez del proceso de revocación.

    Oaxaca de Juárez, oax.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) continuó con el proceso de calificación de los proceso electorales efectuados por los diversos municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas.

     

    En medio de diversas protestas efectuadas en la capital del estado por poblaciones que exigen el reconocimiento de las autoridades designadas o, bien, la realización de comicios, este miércoles se calificaron como válidas 56 elecciones que fueron desarrolladas durante las últimas semanas y una más --la del municipio de Monjas, en la Sierra Sur-- fue decretada como parcialmente válida.

     

    El Instituto Electorales apuntó que los cabildos que fueron formalmente reconocidos son los de Santa María Coyotepec, San Pedro Juchatengo, Santo Domingo Roayaga, San Miguel Achiutla, San Cristóbal Suchixtlahuaca, así como San Juan Lachao.

     

    Se validaron también las elecciones de San Lorenzo Cacaotepec, San Martín de Los Cansecos, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Tilquiapám, Santa Ana Del Valle, Santa Catalina Quierí, Santa Catarina Quiané, Santa Cruz Papalutla y Santiago Apoala.

     

    En los acuerdos se vinculó a las autoridades electas, a la asamblea general y a las comunidades para que -en la próxima elección de sus autoridades- garanticen la integración de las mujeres en el cabildo de forma paritaria.

     

    Se calificaron cómo válidas también las elecciones de Zapotitlán Palmas, San Antonino Monteverde, San Francisco Sola, San Jerónimo Taviche, San Martín Lachilá, San Pedro Cajonos, y Santa Cruz Tayata.

     

    Asimismo, válidas las de Santa María Ixcatlán, Santa María Temaxcalapa, Tlacotepec Plumas, Santiago Yosondúa, San Pedro Yucunama, San Pedro Taviche, Santiago Nacaltepec, Santa Cruz Xitla y Santiago Minas.

     

    También las de San Juan Diuxi, Ixtlán de Juárez, Santa María Guienagati, Santa María del Tule, Santa María Tepantlali, Yogana, Santa María Temaxcaltepec, Concepción Buenavista, Santa María Totolapilla y Guadalupe Etla.

     

    Fueron decretadas válidas las de San Agustín Chayuco, San Andrés Huayapam, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Mixtepec, San Melchor Betaza, San Miguel del Puerto, Santa Catarina Ticuá.

     

    A su vez, las de Santa María Guelace, Santiago Nuyoó, Tataltepec de Valdés, San Agustín Etla, Santa María Atzompa y San Juan Guelavía.

     

    Se validaron también las elecciones de Santa María Colotepec, San Juan Juquila Mixes, Santo Domingo Tepuxtepec y Santiago Xanica.

     

    Respecto del municipio de Monjas, el IEEPCO determinó calificar la elección como parcialmente válida, es decir, validó la elección de sus concejalías, con excepción de la referente al presidente municipal.

     

    Esto, debido a que el presidente actual y que resultó electo, ya ha ejercido el cargo por un periodo adicional, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para un nuevo periodo.

     

    Por tanto, se deberá realizar una nueva asamblea en Monjas para que la población elija solo a quien ocupe ese cargo.

    Oaxaca de Juárez, oax.- Siete años después de haber sido detenida acusada del delito de abuso de autoridad, la ex directora General de Notarías del Estado de Oaxaca y ex líder de mujeres priistas, Maritza Scarlett Vásquez Guerra, rindió este miércoles protesta como diputada de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 64 Legislatura del Congreso local.

     

    Vásquez Guerra accedió a la curul tras la licencia solicitada por Magda Isabel Rendón Tirado, miembro de el Organismo Nacional de Mujeres  Priistas (ONMPRI), que Maritza Scarlett Vásquez encabezaba en 2012, al momento de su detención.

     

    De esa forma, la nueva integrante del Poder Legislativo rindió protesta al comienzo de la sesión de este cuatro de diciembre, que se efectuó en medio de protestas, que obligaron a que la sede del Congreso local fuera cerrada desde las 11:00 horas.

     

    Es de recordar que Maritza Scarlett Vásquez fue detenida en julio de 2012 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), luego de que la Directora de Notarías durante el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz fue acusada de haber alterado diversos documentos para beneficiar a un particular.

     

    De acuerdo con el expediente radicado en el Juzgado Segundo de lo Penal, la servidora pública fue señalada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de haber modificado certificados notariales para beneficiar a la empresa Novopán de México, que había incurrido en la falta de pago de cuotas obrero patronales.

     

    El IMSS indicó que para subsanar el adeudo, recurrió al embargo de cuatro inmuebles propiedad de la empresa referida, valuados en 39 millones 500 mil pesos; sin embargo, éstos espacios no pudieron ser rematados, debido a que la entonces Directora de Notarías expidió certificados presumiblemente alterados para permitir que un particular se presentara ante las autoridades como dueño de los inmuebles., lo que se tradujo en que éste recibiera la protección de la justicia federal y los embargos quedaran sin efecto.

     

    Oaxaca de Juárez, oax.- Con un total de 16 mil 297 casos, Oaxaca se perfila para terminar el 2019 como la entidad mexicana con el mayor número de ciudadanos repatriados desde Estados Unidos.

     

    La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que hasta el 31 de octubre, un total de 13 mil 619 varones y 2 mil 678 mujeres de esta entidad fueron retornados a México, luego de ser detenidos en territorio estadounidense.

     

    Detrás de Oaxaca aparecieron Puebla, con 10 mil 430 ciudadanos repatriados; Chiapas, con 10 mil 399, y Veracruz, con 10 mil 360.

     

    El gobierno federal refirió que mayo fue el mes en el que más paisanos oaxaqueños fueron retornados, con un total de 2 mil 52 casos, seguido de marzo, cuando mil 916 ciudadanos originarios de esta entidad fueron capturados por las autoridades del país vecino.

     

    En abril, mil 756 oaxaqueños fueron regresados a su país de nacimiento, al tiempo que mil 694 fueron repatriados durante octubre y mil 680 en febrero.

     

    Finalmente, mil 590 oaxaqueños fueron repatriados durante junio; mil 544 durante septiembre; mil 468 en agosto; mil 322 en enero y  mil 275 durante julio.

    Oaxaca de Juárez, oax.- A pesar de las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos públicos que le han sido ministrados y de la negativa de Rectoría de transparentar las percepciones que reciben los altos funcionarios de la institución, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) formalizó este día ante el Congreso del Estado la petición para que el próximo año reciba un aumento presupuestal de 45 por ciento, equivalente a más de 490 millones de pesos.

     

    Una semana después de que el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) detectara inconsistencias por 133 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2018, el rector de la otrora máxima casa de estudios, Eduardo Bautista Martínez, se presentó este martes en la sede legislativa de San Raymundo Jalpan para reiterar el mensaje de que la casa de estudios requiere de una inversión sólida para poder solventar la crisis financiera por la que actualmente atraviesa.

     

    Ante los señalamientos hechos por el OSFE, el rector, señaló que éstos no deben ser una condicionante para afectar el presupuesto 2020 de la UABJO.

     

    En ese sentido, Bautista Martínez sostuvo que los resultados de la fiscalización a la cuenta pública no deben ser utilizados para emitir calificaciones “sensacionalistas” o que “lastimen” a aquella institución.

     

    Sin embargo, no mencionó que hasta el cierre del reporte del OSFE, la UABJO únicamente había podido solventar observaciones por 24 millones de los 133 millones de pesos que fueron consignados; es decir, una diferencia por solventar de 108 millones de pesos.

     

    Así, el Rector solicitó un presupuesto de mil 573 millones de pesos para 2020, 490 millones 278 mil pesos más que en 2019, cuando se le autorizó un presupuesto de mil 32 millones de pesos.

    Oaxaca de Juárez, oax.- Los gobiernos municipales del estado de Oaxaca podrían repartirse un monto de 15 mil 809 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado y que será puesta a discusión en los próximos días.

     

    En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2020, el gobierno estatal propuso al Congreso autorizar a los 570 ayuntamientos de la entidad el 20.80 por ciento de los 76 mil ocho millones de pesos que las autoridades planean gastar el próximo año.

     

    Es de recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca reportó en noviembre pasado que, de acuerdo con informes recibidos por el organismo, prácticamente todos municipios de la entidad incurren año con año en malas prácticas financieras, que hasta el 2018 se habían traducido en posibles malversaciones por mil millones de pesos.

     

    Mientras las investigaciones en torno a aquellos hechos avanzan, la Comisión de Presupuesto y Programación de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca será la encargada de elaborar el dictamen correspondiente ya sea para autorizar la partida estimada por el Poder Ejecutivo o, bien, para modificarla con más o menores recursos.

     

    Asimismo, de acuerdo con el documento enviado a los diputados, el gobierno estatal pretende gastar el próximo año 36 mil 938 millones de pesos en organismos descentralizado; esto es el 48.60 por ciento del total del presupuesto del Estado.

     

    A la Administración Pública Centralizada se le asignaron 19 mil 402 millones de pesos, lo que representa el 25.53 por ciento del total; para los Órganos Autónomos fueron etiquetados  2 mil 189 millones de pesos, lo que representa el 2.88 por ciento del total y un incremento con respecto a 2019 de 4.14 por ciento.

     

     El Poder Judicial del Estado cuenta con una asignación de 965 millones de pesos, esto es 1.27 por ciento del total, al tiempo que el presupuesto del Poder Legislativo es por 521 millones de pesos que representa el 0.69 por ciento del total y un incremento de 4.31 por ciento en relación a 2019.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- En el Senado de la República se presentó una iniciativa para obligar a supermercados, gasolineras, bares y restaurantes a regularizar el empleo, así como otorgar un salario y prestaciones a los llamados “cerrillos”, meseros y despachadores de combustible.

     

    El documento propuso reformar la Ley General del Trabajo, entre otros puntos, para sancionar a los dueños de establecimientos que retienen las propinas que reciben sus trabajadores.

     

    Se trata, indicó, de “evitar el abuso que cometen grandes cadenas comerciales de este país con adultos mayores, adolescentes y niños que trabajan de manera gratuita en sus establecimientos”.

     

    Empacadores de tiendas de autoservicio, meseros y despachadores de gasolina, agregó, son contratados sin salario ni prestaciones “y al final del día sobreviven con las propinas que amablemente les otorgan los clientes de los establecimientos”.

     

    Consideró que todo trabajador debe recibir un salario base que no puede ser inferior al mínimo y en ninguna circunstancia se pueda pagar mediante comisiones, propinas, destajos u otro tipo de prestaciones, pues éstas únicamente deben utilizarse para aumentar el sueldo base, pero nunca para cubrirlo.

     

    Cuando una persona física o moral contrate a un trabajador sin pagarle cuando menos un salario mínimo, advirtió, las autoridades laborales tienen que proceder a la clausura inmediata de los establecimientos y darán vista a las autoridades penales.

     

    También planteó que los almacenes, supermercados o tiendas al por menor con más de 50 empleados contraten cuando menos al 10 por ciento de su personal para el empaquetado de los productos y auxilio de los clientes en las áreas de estacionamiento, preferentemente con personas mayores de 55 años.

     

    Además, reiteró la necesidad de prohibir la contratación de menores de 15 años para la realización de estos trabajos, así como el trabajo voluntario.

     

    La iniciativa fue turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, segunda.

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