El número de contagios confirmados de dengue en la entidad ascendió a 58 al cierre de la semana epidemiológica número 31, al tiempo que la cifra de casos sospechosos llegó a mil 660, reportaron autoridades federales.

    De acuerdo con los datos, la entidad permanecía hasta la semana pasada en el lugar número 19 de México por casos de la enfermedad confirmados.

    El reporte indicó que de los casos documentados en esta entidad, 26 corresponden a dengue no grave, 23 a dengue con signos de alarma y nueve a dengue grave, lo que se traduce en una incidencia total de 1.41 enfermos por cada 100 mil habitantes.

    Algunos de los municipios que registran las mayores tasas de incidencia eran, según el documento, Santo Tomás Mazaltepec, San Sebastián Abasolo y San Bartolo Coyotepec, en el caso de la región de Valles Centrales.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), cuyos resultados fueron dados a conocer la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que reflejaron en junio una reducción de la pobreza laboral y del desempleo en todo el país, no cuenta con datos suficientes para hacer una medición precisa de la evolución que tuvieron ambos rubros en Oaxaca, pues el tamaño de la muestra fue menor a la que retoma la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que permaneció suspendida hasta julio pasado, por la pandemia de Covid 19.

     

    A pesar de que a nivel nacional los datos de la ETOE cobraron relevancia debido a que reportó la disminución de la pobreza laboral y el desempleo durante junio, el coordinador estatal del Inegi, Jorge López Guzmán, señaló que aquél se trató de un muestreo experimental, que no permite sectorizar los datos por entidad federativa y que dar un comentario a partir de ello podría desembocar en un error.

     

    Indicó que las estadísticas más confiables al respecto, serán dadas a conocer en octubre próximo, cuando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publique los resultados correspondientes al tercer trimestre del año, pero a partir de encuestas levantadas frente a frente y a un mayor número de habitantes, al menos 8 mil.

     

    “Estos datos (de la ETOE) son únicamente a nivel nacional, no los tenemos por entidad federativa, de forma tal que yo podría dar un dato equivocado sobre cómo está la situación en Oaxaca porque el tamaño de la muestra que hubo para esta encuesta no nos permite dar datos por estado.

     

    “La ENOE a nivel nacional tiene alrededor de 250 mil hogares que se visitan y en el caso particular de Oaxaca tenemos alrededor de 8 mil hogares que se visitan y la ETOE tuvo una muestra para Oaxaca de alrededor de 700 hogares por lo cual no se puede dar mucha información a nivel estatal”, indicó el funcionario.

     

    Y precisó: “La ETOE se manejó como un experimento de carácter estadístico, así lo tenemos catalogado en el Instituto porque apenas se iba a iniciar el proceso de cómo poder levantar a través de vía telefónica”.

     

    A partir de las cifras dadas a conocer por la encuesta telefónica de ocupación y empleo, el Coneval informó que entre mayo y junio de 2020, la población que vive en pobreza laboral en el país se redujo, al pasar de 54.9 por ciento a 48.1 por ciento, entre otras cifras.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados manifestó su apoyo a la iniciativa #3de3vsViolencia, que plantea que las personas que sean deudores de pensión alimenticia, agresores por razón de género o hayan cometido acoso, no puedan ocupar cargos públicos.

     

    Al participar en el Quinto Conversatorio Virtual #3de3vsViolencia, la presidenta de la Mesa, Laura Angélica Rojas Hernández, aseguró que “estamos a tiempo de trabajar en las tres semanas de receso para hacer el compromiso de presentar la iniciativa en la primera sesión del próximo periodo ordinario; se trata de una propuesta que favorece a las mujeres y por una sociedad más igualitaria”.

     

    La diputada comentó que la iniciativa, promovida por la organización Las Constituyentes Feministas, contribuiría a la vida democrática, porque uno de los grandes problemas actuales es la poca credibilidad en las y los servidores públicos; garantizar que lleguen sólo las mejores personas haría que las y los ciudadanos tengan confianza.

     

    Precisó que ya hay estándares internacionales, como los establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), que fijan la probidad como requisito para ser servidor público y que consiste en ser una persona honesta y regirse bajo normas éticas.

     

    “Además, todas y todos quienes estamos en el servicio público somos conscientes de que los estándares deben ser más altos que para el resto de la sociedad”, indicó.

     

    Consideró que es una iniciativa conveniente para ayudar a erradicar las violencias contra las niñas, jóvenes y mujeres. “Tiene mucho mérito esta tres de tres para prohibir que una persona que sea deudor de pensión alimenticia, agresor o acosador, ocupe algún cargo de elección o designación”.

     

     

    Añadió que también es prioritario avanzar en el ámbito familiar que, aunque es privado, es de interés público porque de ahí emanan las personas que aspiran a ocupar algún cargo.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- De acuerdo con la ley, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo que requiere de la articulación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, sin embargo, lo cierto es que las entidades federativas destinan pocos recursos para este importante dispositivo de emergencia con el que se busca garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en zonas afectadas por la violencia feminicida, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

     

    El estudio titulado “El financiamiento de la Alerta de Violencia de Género: entre la austeridad federal y las omisiones locales”, destaca que los gobiernos y los congresos locales tienen obligaciones políticas, presupuestales y administrativas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No obstante, los datos disponibles arrojan que ni la igualdad entre mujeres y hombres, ni las acciones para combatir a la violencia contra las mujeres son prioridades en el gasto público a nivel subnacional.

     

    Solo 12 entidades de la República definen al presupuesto para la igualdad sustantiva como una prioridad y menos de la mitad incorporan anexos transversales, como sucede en el ámbito federal desde el año 2008.

     

    Al año 2020, las entidades en las que se han emitido declaratorias de Alerta de Violencia de Género destinan en promedio el 0.26% de su gasto púbico a las acciones para promover la igualdad de género entre mujeres y hombres. A nivel federal, esta proporción fue de 1.69% en este mismo ejercicio fiscal. Esto quiere decir que los estados con mayores problemas de violencia feminicida destinan en promedio seis veces menos recursos para la igualdad de género que lo que se destina a nivel nacional.

     

    Todo lo anterior da cuenta de un débil compromiso de las entidades federativas con las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, apunta el estudio.

     

    Sin dejar de lado el papel que le toca desempeñar al gobierno federal, es evidente que se deben revisar las responsabilidades de los gobiernos locales, especialmente considerando que la inmensa mayoría de los delitos que se cometen contra las mujeres -como el feminicidio, la violencia sexual y la violencia familiar- son del fuero común, señala el documento del Instituto.

     

    Por ello, urge legislar y reformar los instrumentos que definen las funciones y acciones específicas, por parte de las autoridades estatales y municipales, a efectos de proveer los recursos presupuestarios, humanos y materiales precisos y suficientes, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, los programas estatales y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

     

    La coyuntura actual demanda que los tres niveles de gobierno asuman y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley. De ello dependerá ni más ni menos que la seguridad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres durante y después de la pandemia, concluye la investigación.

     

    El estudio del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4931

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) adelantó que agotará los recursos legales a su alcance para hacer que la reforma aprobada ayer por el Congreso de Oaxaca en contra de la venta de comida chatarra a menores sea revisada y modificada para no afectar la fuente de ingresos de alrededor de 58 mil micronegocios que operan en el estado y que sus actividades están relacionadas de una u otra forma a la venta de esos productos y a la interacción con niños y adolescentes.

     

    El líder estatal de la organización, Salvador López López, sostuvo que “por decreto” es imposible erradicar la obesidad, pues la malnutrición que imperan en Oaxaca y en todo el país, se deben a las omisiones en las que por muchos años han incurrido las autoridades de los sectores de salud y educación, así como la propia sociedad.

     

    López López, sin embargo, resaltó que la organización que representa no está en contra de toda la ley, sino de la manera en que ésta pretende ser implementada; es decir, que la venta a niños y adolescentes quede prohibida a partir del día siguiente en que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

     

     Al respecto, señaló que la Canacope pugnará porque las instancias competentes, en esta caso el Poder Judicial, ordenen al Congreso de Oaxaca replantear la reforma, seguir con ella, pero buscar mecanismos para que la venta de comida y bebidas con alto contenido calórico se implemente de manera paulatina.

     

    El dirigente reiteró que la medida adoptada en Oaxaca no afectará a las empresas trasnacionales, sino a la economía de los 58 mil micronegocios, varios de ellos familiares, que actualmente se dedican a la venta de esos productos.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Tras la reforma hecha para prohibir la venta a menores de edad de comida chatarra, el Congreso local analiza una nueva modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, por medio de la cual se propone crear el Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata Cometidos Contra Menores de Edad.

     

    La medida anterior, según el proyecto, tiene el objetivo de crear un mecanismo que permita detectar la  manera en que operan los criminales, y  responsables de  agresiones sexuales a menores de edad,  así como las condiciones y lugares de mayor incidencia delictiva.

     

    Asimismo, se indicó que esta información deberá ser integrada al Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

     

    El documento añade que el Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata Cometidos Contra Menores de Edad, deberá concentrar información precisa del inculpado: nombre, sobrenombre, domicilio actual, Clave Única del Registro de Población (Curp), filiación y señas particulares, entre otros datos.

    Ante ello, se explica que serán la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia los encargados de proporcionar la información necesaria a la Secretaría Ejecutiva del Sistema local a fin de mantener actualizado el Registro Estatal.

     

    Para lograr lo anterior, se deben modificar los artículos: 108,  125 Bis, 125 Ter, 125 Quáter, 125 Quinquies Y 125 Sexeis  de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, se turnó a la Comisión Permanente del Congreso Local correspondiente para su análisis y dictamen.

     

     

     

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- De los 318 mil establecimientos comerciales que fueron contabilizados por el Inegi durante el Censo Económico 2019, el 97.9 por ciento corresponden a micro negocios y éstos concentran el 72.8 por ciento de la fuerza laboral del estado, al tiempo que las grandes empresas únicamente representan dos centésimas partes de los establecimientos comerciales que operan en el estado y dan empleo al 5.1 por ciento del personal ocupado.

     

    Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) apuntó que las pequeñas y medianas empresas concentran al 2.1 por ciento de los establecimientos abiertos en la entidad y que éstos dan empleo a 22.2 por ciento de los trabajadores oaxaqueños.

     

    El Inegi señaló que hasta el año pasado, en Oaxaca se mantenían activos en algún trabajo un total de 985 mil 204 ciudadanos.

     

    Asimismo, se preció que entre 2004 y 2019 el número de establecimientos abierto en Oaxaca pasó de 183 mil 730 a 318 mil 595, mientras que el número de personas ocupadas pasó, en el mismo periodo, de 586 mil 234 a 985 mil 204.

     

    El Censo Económico reveló que el 80.0% de los establecimientos son informales y ocupan a 50.1% del Personal ocupado. En contraparte, los establecimientos formales, que representan el 20%, dieron empleo al 49.9% de todo el Personal ocupado en la entidad.

     

    El Inegi precisó que no censó al comercio ambulante.

     

     

     

     

     

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Con 31 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó la tarde de este cinco de agosto reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico --comida chatarra-- a menores de edad.

     

    Esta reforma adicionó el artículo 20 bis a la Ley de los Niños y Adolescentes con el objetivo de especificar que cualquier espacio comercial de la entidad tendrá prohibido distribuir, regalar, vender o suministrar estos productos a los menores de edad; también quedó prohibida su venta al interior de escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.

     

    Asimismo, el nuevo artículo resalta que quedarán exentos de la normativa los padres de familia o tutores de los menores, quienes sí podrán adquirir estos productos y, en su defecto, entregárselos a los niños y adolescentes.

     

    Los diputados oaxaqueños no especificaron cuáles de los productos que actualmente se comercializan en México quedarán prohibidos para su venta a los menores oaxaqueños y, al respecto, sólo establecieron que serán aquellos que excedan los límites máximos de azucares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadido según las normas oficiales mexicanas, por lo que la Secretaría de Salud deberá hacer una revisión de estos productos y a partir de ahí determinar los que serán prohibidos para la venta a niños y adolescentes de la entidad.

     

    La nueva normativa entrará en vigor cuandio se publique en el Periódico Oficial de la entidad.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Las autoridades ministeriales de la entidad informaron que durante el primer semestre del año fueron documentados en Oaxaca un total de 644 robos a negocios, de los cuales 323, equivalentes al 50 por ciento, fueron cometidos con algún tipo de violencia.

     

    De hecho, el mes de junio, junto con abril, permanecen actualmente como los periodos de 2020 con la mayor cifra de robos a negocios registrados en el estado, ambos con un total de 119 casos denunciados ante el Ministerio Público. 

     

    Las cifras oficiales del gobierno estatal, refieren que durante enero pasado, fueron documentados 111 robos a negocios en Oaxaca; en febrero, la cifra subió a 115; en marzo, ésta descendió a 90; en abril, repuntó hasta llegar a 119; en mayo regresó a 90, pero en junio el registro  volvió a subir hasta 119 robos a establecimientos comerciales.

     

    Las autoridades aún no publican las estadísticas correspondientes al mes de julio, recientemente concluido.

     

    Estas cifras trascienden después de que en un nuevo hecho de violencia, sujetos armados tomaron por asalto la tarde de este lunes una tienda de materiales para construcción localizada en el municipio de San Martín Mexicápam, en la capital del estado, donde atacaron a tiros al dueño del inmueble, al que le causaron la muerte, al tiempo que otro hombre que permanecía en el lugar resultó herido.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Sin precisar mayores datos, la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca estimó que el desfalco de recursos públicos en el estado por asuntos relacionados con desvíos de recursos asciende a alrededor de 3 mil millones de pesos.

     

    A la fecha, el organismo informó que ha recibido denuncias por un total de 4 mil 920 presuntos casos de corrupción, en los que están implicados servidores públicos, autoridades municipales y empresas.

     

    Sin embargo, el titular de la Fiscalía Especializada, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, acusó que aquella entidad trabaja sin recursos y sin personal debido a que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, se han negado a ministrarle recursos públicos para poder operar.

     

    En una comparecencia efectuada ante integrantes del Congreso local, Iruegas Álvarez indicó que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), encargada de manejar la actual contingencia por Covid 19, encabeza la lista de dependencias del gobierno del estado con más denuncias por corrupción con un total de 58.

     

    Le siguen Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) con 13, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), también con 13; el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIFED) con 11; la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi) con cuatro, y la Comisión Estatal del Agua (CEA) con dos; entre otras.

     

    La Fiscalía Anticorrupción no especificó, sin embargo, en qué fase permanecen las investigaciones ni si se espera que pronto sean liberadas órdenes de aprehensión al respecto.