Impunes, crímenes de activistas, acusan

    Escrito por: Álvaro MORALES Noviembre 10, 2018 0
    En febrero pasado, tres integrantes de Codedi murieron en una emboscada. En febrero pasado, tres integrantes de Codedi murieron en una emboscada.

    En lo que va de 2018, en Oaxaca han sido asesinados ocho activistas, cinco de ellos del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), sin que hasta el momento las autoridades hayan detenido o tengan pistas de los autores intelectuales y materiales de los hechos, denunció ayer la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

     

    La agrupación acusó que las políticas de seguridad del actual gobierno se han limitado a “administrar” la violencia y la crisis de derechos humanos que predomina en la entidad, por lo que es necesario un rediseño de su estrategia, incluido, de ser preciso, el cese del fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, y el secretario de Seguridad, Raymundo Tuñón Jáuregui.

     

    La abogada feminista y directora adjunta de Consorcio, Yéssica Sánchez Maya, indicó que los crímenes de activistas se han disparado durante los últimos 11 meses, sin que exista una respuesta efectiva por parte del estado.

     

    De acuerdo con el registro de otras asociaciones no gubernamentales, durante todo el 2017 se suscitaron seis asesinatos de defensores, dos menos de los que habían sido contabilizados hasta el 25 de octubre pasado.

     

    Las víctimas, una por una

    Sánchez recordó que el 15 de enero de 2018 fue asesinado Mario Vallejo García, integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la región del Istmo de Tehuantepec de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien participaba en las discusiones para materializar la expulsión de algunos exdirigentes de la gremial.

     

    El 12 de febrero fueron emboscados Alejandro Antonio Díaz, Ignacio García Ventura y Luis Ángel Martínez –todos miembros de Codedi--, cuando viajaban a bordo de una camioneta sobre la carretera federal 175 tras participar en una reunión con autoridades en la ciudad de Oaxaca.

     

    El 17 de julio, Abraham Hernández González, coordinador regional del Codedi, fue asesinado en San Pedro Pochutla, en la Costa.

     

    Durante la mañana de aquel día, se reportó que un grupo de sujetos armados se arribó hasta la comunidad de Salchi, en el municipio oaxaqueño, y se llevó a Hernández González.

     

    Después de las 19:00 horas, autoridades reportaron el hallazgo del cadáver del activista.

     

    Posteriormente, el 25 de julio, fue ultimado a balazos, en Juchitán de Zaragoza, Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón.

     

    Crispín López se desempeñaba como policía comunitario de Álvaro Obregón, agencia municipal de Juchitán, comunidad que desde 2012  se encuentra en lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, ahora llamada Eólica del Sur, de capital español.

     

    El 10 de octubre, Calixto Pedro Guillermo, otro militante de la Sección 22 de la CNTE, fue asesinado a machetazos en la comunidad de San Juan Guichicovi, en el Istmo de Tehuantepec, finalmente,  el 25 de octubre, Noel Castillo Aguilar, otro integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas fue asesinado ayer en el crucero de Barra de la Cruz, perteneciente al municipio de Santiago Astata, con lo que sumaron cinco los crímenes políticos cometidos contra militantes de esta organización.

     

    El atentado ocurrió alrededor de las 13:00 horas en Santiago Astata, donde defendía la playa y el río Copalita, denunció Codedi.

     

    Urgente, modificar políticas

    Ante ello, Yéssica Sánchez sostuvo que el actual gobierno estatal, en específico los encargados de la seguridad, han exhibido incapacidad para prevenir la comisión de ilícitos y garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía.

    “Cómo explicas que maten a tres defensores (de Codedi) en una carretera y no pase nada, y luego matan a otros dos y tampoco pasa nada…”

     

    Para la activista, las autoridades se equivocan al pensar que la inseguridad se combate a través de la organización de cursos y talleres de capacitación, pues lo que se requiere son “políticas reales de atención a las crisis que hay en violación de derechos humanos”.

     

    Y sostuvo: “Creemos que (la inseguridad) es una política del priismo también. Creemos que Murat está replicando la política de Estado de Enrique Peña Nieto: se incrementó el feminicidio y no hicieron nada.

     

    “Alejandro Murat tiene que repensar (su estrategia) si no quiere terminar su sexenio como Enrique Peña Nieto; tiene que enderezar (el camino) y eso pasa por destituir a quienes no funcionen en su gabinete y contratar gente, reencauzar los procesos de diálogo con concertación para generar mayor gobernabilidad”, apuntó.