Agosto 24, 2019

Cuatro funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no han presentado su declaración patrimonial al 30 de enero, fecha que el propio mandatario estableció como límite para su presentación.

 

"Hay una fecha límite, el 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el Gobierno", afirmó en su conferencia de prensa del martes 29 de enero desde Palacio Nacional.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial el 4 de enero y señaló que todos los funcionarios del Gobierno y miembros del gabinete deberían cumplir con dicha obligación sin excepción.

 

Hubo quienes la publicaron sin revelar datos sobre sus bienes patrimoniales, unos las entregaron más completas y otros aún no la presentan.

 

Al momento el coordinador general de Política y Gobierno, César Yáñez; el coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, aún no hacen pública la información sobre sus bienes e ingresos.

 

Alfonso Romo, cuya declaración no estaba disponible, ya hizo pública su información en la que revela que gana 149 mil 893 pesos mensuales por cargo público pero declara un ingreso extra de 1 millón 393 mil 384 pesos bajo concepto de otros. Lo anterior da un total de 1 millón 543 mil 277 pesos al mes.

 

Reporta ser propietario de dos terrenos y un vehículo Land Rover SUV modelo 2017.

 

Por otra parte la declaración de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, no contenía información sobre sus bienes y propiedades e indicaba que no estaba de acuerdo en hacerla pública.

 

Tras una revisión este 30 de enero, se encontró que la declaración fue actualizada y que ahora revela que Moctezuma tiene un sueldo de 105 mil pesos mensuales por cargo público y 105 mil pesos extras bajo concepto de ‘otros’, sin especificarlo. También reporta ingresos por 1 peso por “Actividad Industrial o Comercial” y “Servicios profesionales”. Lo anterior da un total de 210 mil 002 pesos.

 

De acuerdo con su declaración es dueño de 5 casas, un departamento, un rancho y un terreno. También posee tres vehículos marca BMW, JEEP y Chevrolet obtenidos al contado, a crédito y bajo concepto de donación respectivamente.

La empresaria poblana fue acusada y encarcelada por el delito de operación con recursos ilícitos en 2016, pero un años 2 meses más tarde un juez falló a su favor y quedó en libertad.

Activistas estatales consideraron que Silva Hernández fue una presa política del exgobernador de la entidad Moreno Valle.

 

Dulce María Silva Hernández, ahora esposa de César Yáñez, quien será coordinador de Política y de Gobierno del gabinete de López Obrador, estuvo en prisión durante 14 meses (marzo 2016-mayo 2017) por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Silva Hernández estuvo recluida en el penal de San Miguel, en Puebla, tras ser acusada de recibir en cesión un terreno propiedad del apoderado de Invergroup, Edmundo Tiro Moranchel, quien fue procesado por defraudar a cientos de ahorradores poblanos.

En su momento, este predio se convirtió en una disputa con el gobierno de Rafael Moreno Valle por estar ubicado junto al Parque Lineal Angelópolis y el hotel Gran Fiesta Americana.

Dulce María aseguró entonces que su encarcelamiento se debía al interés del ahora exgobernador por quedarse con el inmueble de 6 mil metros cuadrados.

Asimismo denunció que, a través de distintos emisarios, intentaron obligarla a ceder los derechos del terreno a un fideicomiso y que incluso le habían ofrecido entre 10 y 30 millones de pesos y su libertad inmediata, si accedía a la petición del gobierno en turno.

Además, acusó que su aprehensión tenía tintes políticos por su relación con Yáñez, allegado al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido diferencias con Moreno Valle.

Silva Hernández obtuvo su libertad luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal fallara a su favor el amparo que había obtenido en febrero de 2017.

"Silva Hernández ganó en definitiva el juicio 399/2016", de acuerdo con el abogado Carlos Meza Viveros.

Activistas aseguraron que a la mujer se le acusaba por un contrato de cesión de derechos celebrado el 13 de marzo de 2009, y el delito que se le atribuye entró en vigor el 5 de enero del 2012, lo que significaría que se le habría aplicado en su perjuicio una ley que al momento de los hechos no era considerada como delito.

Al presentar el amparo, informaron que el encarcelamiento es ilegal, pues en el auto de formal prisión se dijo que Dulce María depositó 30 millones de pesos; sin embargo, las pruebas a las que invocó el juez responsable no se acreditó dicho depósito ni alguna entrega de dinero.

En marzo de 2017, Dulce María hizo huelga de hambre dentro de la cárcel de San Miguel para exigir que se cumpliera el amparo que se resolvió a su favor y en el que la justicia federal ordenaba su libertad.

El Centro Estatal de Derechos Humanos, José Luis Tehuatle Tamayo, consideró que fue una presa política del exgobernador y hoy senador de la República por el PAN, Rafael Moreno Valle Rosas.

De acuerdo con su abogado, las autoridades nunca pudo probar que el terreno en disputa se haya adquirido con recursos ilícitos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, aseguró que la boda de César Yáñez, próximo coordinador de Política y Gobierno de la oficina de Presidencia, fue un acto 'social y privado', y que sus 'adversarios' sólo buscan posibles errores.

Cuestionado sobre el evento durante su gira en el estado de Morelos, López Obrador respondió: “No me casé yo. Yo fui invitado. Asistí, cada quien es responsable de sus actos”.

-Pero es parte de su equipo, le cuestionaron a AMLO.

Sí, pero no es una acción de gobierno. Se trata de un evento social, privado, yo asistí a eso. Desde luego están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier posible error para hacernos la crítica. Se me hace que tienen derecho a hacerlo. No más que nosotros no vamos a cambiar, dijo el presidente electo.

En la reunión con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, López Obrador dijo que “de manera conjunta hicimos campaña, como es de dominio público; esa campaña se hicieron compromisos por lo que corresponde a los jóvenes, lo único que se ha hecho es etiquetarlos como 'ninis', llamarlos así, que ni estudian ni trabajan, pero hay acciones para atender a los jóvenes. Aquí aplica el programa de Desarrollo Social, el programa que comprometimos”.

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