La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una nueva advertencia sobre lo que consideró el resurgimiento de nuevos mecanismos de censura judicial y legislativa en distintos estados de México, mismos que representan una afrenta a la libertad de expresión en nuestro país. Así lo refirió el organismo mediante un comunicado en el cual manifestó además su “profunda alarma” por esta situación.
Estos mecanismos se materializan en decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes, destacó la SIP en su informe.
También mencionó los casos recientes que se han registrado los estados de Campeche, Puebla y Ciudad de México, destacó la “orden judicial sin precedentes” que impuso un juez local al periodista Jorge Luis González Valdez, a quien le prohibió referirse a la gobernadora Layda Sansores, según informó la prensa local.
La medida obligó “al medio Tribuna Campeche a someter todo su contenido a revisión previa de un interventor judicial, constituyendo un claro caso de censura previa, proscrita por estándares internacionales y la Constitución mexicana.”
Respecto a la reciente reforma al artículo 167 del Código Penal de Puebla, en donde se amplió el delito de “ciberacoso” y se introdujo un nuevo supuesto de “violencia digital” que castiga con prisión a quien “realice publicaciones que afecten la dignidad” de una persona, la SIP advirtió que la redacción ambigua y amplia de la norma puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos.
En cuando a la Ciudad de México el organismo recordó cómo el INE exigió al medio digital “La Silla Rota” entregar documentos, videos y fuentes vinculadas a una investigación sobre presunta entrega de “acordeones” en la elección judicial del 1 de junio.
La SIP consideró como una amenaza la multa de hasta 11 millones de pesos en caso de incumplimiento y refirió que representa una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico.
Hay síntomas de un entorno institucional hostil hacia el periodismo: SIP
El organismo destacó en su informe que estos casos no son hechos aislados sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo, así lo advirtió su presidente, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, José Roberto Dutriz.
“Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), consideró que estos hechos sientan precedentes graves.
“Si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio. Y si desde un órgano electoral se exige a periodistas revelar fuentes o enfrentar multas millonarias, estamos ante una forma sofisticada de coerción que no puede tolerarse”.
Según el Índice Chapultepec de la SIP, México se encuentra entre los países con mayores restricciones estructurales a la libertad de prensa en el hemisferio occidental, con un entorno marcado por impunidad, violencia y ahora también por instrumentalización del aparato judicial y legislativo para censurar.
