Asociaciones civiles anunciaron este jueves una iniciativa para medir la pobreza y evaluar los resultados de impactos de programas y políticas sociales en México, ante la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El Consorcio por la Medición y la Evidencia está integrado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), de la Universidad Iberoamericana de México (Ibero); en conjunto con las organizaciones México Evalúa, México ¿cómo vamos?, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y el Instituto Mexicano para la Competitividad y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
La iniciativa busca monitorear de manera independiente las mediciones de pobreza y las evaluaciones de la política social del gobierno de México, tras la reciente extinción del Coneval, organismo autónomo que desde 2014 desempeñaba dichas funciones, las cuales ahora serán asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Graciela Teruel, investigadora del Equide de la Ibero, expuso en una conferencia de prensa que el objetivo del consorcio es fortalecer la “legitimidad de los datos” y ampliar las perspectivas hacia la “mejora de las decisiones públicas”, expuso.
“Lo que buscamos es doble: primero, asegurar que la medición de pobreza siga siendo replicable, transparente y técnicamente sólida. Y segundo, promover una evaluación seria y continua de la política social utilizando nuevas herramientas, metodologías innovadoras y perspectivas multidisciplinarias”, señaló Teruel.
Asimismo, destacó que la desaparición del Coneval “representa una enorme pérdida institucional”, ya que “su capacidad técnica, su independencia y su papel como contrapeso en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales fueron fundamentales para asegurar que las decisiones de política pública se tomaron con base en datos rigurosos, y no en cálculos políticos”.
Fernanda García, directora de Sociedad del (IMCO), remarcó la importancia de que “la evidencia siga siendo el eje de las mediciones de política pública” para “garantizar los derechos sociales y por el impacto en la política social en la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
“Hoy, la política social exige precisión, y por eso, la rigurosidad y la transparencia son principios indispensables”, subrayó.
Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, detalló que una de las primeras acciones del consorcio será presentar un análisis independiente a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi, que está próxima a publicarse.
Esto “con el objetivo de comprender a fondo las dinámicas económicas y sociales de los hogares mexicanos, así como la evolución de las carencias y de la pobreza multidimensional en el país”, apuntó.
“Desde cada organización realizaremos análisis propios como un ejercicio de complementariedad y de monitoreo ciudadano y académico, con la intención de aportar insumos adicionales al debate público y la formulación de la política social. Este ejercicio busca contribuir a fortalecer la confianza en los resultados oficiales que se presenten”, agregó, al leer un pronunciamiento colectivo.
