El pleno del Senado de la República aprobó reformas a la ley de combate al lavado de dinero, a fin de cumplir con recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Los cambios dieron mayores atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera contra el combate al terrorismo y narcotráfico, y subirá la vigilancia sobre las operaciones con tarjetas de crédito, así como movimientos de políticos y sus cercanos.
En una discusión de menos de tres horas, las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal, se aprobaron en lo general por 74 votos en favor, 13 en contra y se emitieron 19 abstenciones.
Luego de la aprobación en lo particular, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Las reformas introducen cambios significativos en la responsabilidad penal y el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Debido al choque que se ha acusado desde hace varios años entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR), la reforma obliga a la fiscalía a dar aviso a la UIF cuando detecte un delito de lavado de dinero, para recabar la denuncia y ejercer acción penal, a fin de identificar redes criminales, recuperar activos y evitar la impunidad.
Se faculta a la Secretaría de Hacienda a solicitar a cualquier autoridad del país y órganos autónomos información sobre movimientos sospechosos.
Con una adición al artículo 51 de la ley, se planteó que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionarán a la Secretaría de Hacienda, la información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.
El INE será el encargado de proporcionar la información que se requiera de los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido.
A su vez, las secretarías del Trabajo y Previsión Social, federal y locales, serán las encargadas de proporcionar la información de los sindicatos y sus dirigentes.
En tanto, Pemex, será la responsable de proporcionar a Hacienda la información que tenga conforme a sus facultades y le sea requerida por la Secretaría de Hacienda en el ejercicio de sus atribuciones.
Las reformas cambiaron los umbrales, de pesos a UMAS, sobre sobre depósitos en efectivo a tarjetas de crédito, a tarjetas de prepago y a recibos por honorarios.
Por ejemplo, si una persona moral deposita 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito sin actualizarse en los padrones de proveedores será sospechoso de lavado de dinero.
“Inicia una persecución a mi punto de vista contra la informalidad, no contra el lavado de dinero, ¿a qué me refiero? Es una persecución contra los depósitos en efectivo, a tarjetas de crédito, a tarjetas de prepago y a recibos por honorarios Entonces ven o no ven, quieren hacer o no quieren hacer porque contra los peces gordos no van, van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales, van contra la clase política”, dijo la senadora del PRI, Claudia Anaya.
Las senadoras Guadalupe Murguía del PAN y Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano cuestionaron que las reformas establezcan que las personas políticamente expuestas, así como las personas relacionadas con ellas, serán sujetas de mayor vigilancia por parte de la Secretaría de Hacienda.
“Al hablar de personas relacionadas, pues es un término muy ambiguo, un familiar, un esposo, un vecino, un compadre, un socio, un empleado y la peor parte de todo esto es que le corresponde a la Secretaría de Hacienda interpretar y dar el alcance a cada una de estas disposiciones mediante criterios de carácter general”, dijo Murguía.
Las reformas incorporaron en la ley la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) para obligar a las instituciones financieras a identificar y monitorear las operaciones con estos clientes. Se establece que la Secretaría de Hacienda elaborará y mantendrá actualizado un listado nominativo de cargos de personas servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas.
El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, que esta reforma antilavado es para cortar de raíz las redes financieras del crimen y los “poderosos”.
