Ayer domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, ante miles de personas, acompañada de gobernadores y miembros de los poderes de la Unión.
Durante su mensaje, resaltó los siguientes puntos como los más importantes:
- Cifras de reducción de pobreza: afirmó que México pasó de tener 45 % de población en pobreza a 29 %, con 13.5 millones de personas que “salieron” de esa condición.
- Programas sociales dirigidos: dijo que su gobierno ha invertido cerca de 850 mil millones de pesos para beneficiar a 32 millones de familias.
- Recuperación de empresas estatales: presumió avances en Pemex y la CFE tras reformas constitucionales, así como la estabilidad del peso mexicano.
- Infraestructura y transporte: citó logros como el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), el turismo aéreo, y cifras de transporte masivo.
- Reformas institucionales: planteó modificaciones al Poder Judicial, permitir elección ciudadana de jueces, y cambios constitucionales para reconocer derechos a pueblos indígenas, vivienda, igualdad de género, entre otros.
Sin embargo, su informe tampoco estuvo exento de críticas ni señalamientos de incoherencias:
- Promesa de “se acabó la compra de votos”: Sheinbaum sostuvo que con sus estrategias se elimina esa práctica política, pero críticos apuntan que los programas sociales pueden operar como mecanismos de presión electoral en zonas vulnerables.
- Grandes cifras vs. efectos concretos: mientras se muestran avances macroeconómicos, hay denuncias de comunidades que aún carecen de servicios básicos —agua, energía, caminos— lo que pone en duda la distribución real del desarrollo.
- Movilización masiva en el Zócalo: aunque su acto reunió a un público numeroso, opositores han cuestionado que muchos asistentes fueron acarreados desde distintos estados, bajo promesas de transporte, apoyos o incentivos, lo que debilita la espontaneidad del evento.
- Incertidumbre sobre transparencia e investigación: aunque anunció reformas, no quedó claro cómo se garantizará la independencia judicial ni cómo se evitará que los cambios sean capturados por intereses políticos.
Para los próximos días se esperan declaraciones de partidos de oposición, análisis jurídicos sobre los cambios constitucionales propuestos y reacciones desde estados que podrían sentirse afectados.
