Oaxaca. Un juez dictó auto de libertad para Antonio Betanzos, Adán Betanzos y Gaspar Betanzos, indígenas mazatecos quienes han enfrentado juicios penales y cárcel por presuntamente haber participado en el asesinato del hermano de la diputada local de Morena Elisa Zepeda, reportó la organización Mujeres Mazatecas por la Libertad.
Según la resolución, Antonio Betanzos, Adán Betanzos y Gaspar Betanzos, quedaron libres de cualquier acusación; sin embargo, quedan pendientes 200 órdenes de aprehensión contra indígenas mazatecos de esta comunidad.
Los tres indígenas mazatecos, junto con otras 56 personas de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, recordó, han enfrentado una persecución judicial con delitos prefabricados y que en diferentes momentos procesales han demostrado su inocencia.
“Nuevamente queda claro que nunca se debió incriminar a nuestros compañeros y compañeras defensoras del territorio y de la vida. Sin embargo, los gobiernos de Oaxaca y el cacicazgo local han utilizado el poder judicial para imponer la persecución de quienes vivimos junto al río y lo defendemos, nos reprimen para garantizar para ellos el saqueo de los recursos naturales, en especial del río Xangá Ndá Ge”, señaló el colectivo de mujeres.
También informó que presentó ayer, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que den seguimiento a las denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos por tres gobiernos de Oaxaca en contra de los defensores comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón.
Ante ello, calificó como inadmisible que el Estado mexicano no pueda dar fin a la criminalización contra las personas defensoras Mazatecas, quienes han demostrado la persecución judicial y fabricación de delitos con resolución jurídicas de todas las instancias.
Entre las exigencias urgentes a la CIDH están que el Estado Mexicano garantice el acceso a la defensa en libertad de 14 personas en persecución (desplazadas) acusadas por delitos de alto impacto, quienes ya cuentan con antecedentes de amparos ganados, que en su momento, los jueces locales no acataron debidamente, cuentan con autos de libertad ganados por sus propios coacusados y se trata del mismo tipo de acusación.
Asimismo, que el Estado Mexicano debe garantizar y agilizar el cierre de todos los procesos penales pendientes que el juzgado de Huautla de Jiménez se niega a cerrar, pese a sentencias de amparo que le ordenan dictar sentencia, y que evite la vulneración de los derechos de las y los comuneros aún después de que ganan sus libertades, “puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, constantemente se presta a revocar libertades por cuestiones de forma, como la supuesta falta de firmas de secretarios judiciales o del agente del Ministerio Público”.
También exige que el Estado Mexicano garantice la libertad de Miguel Ángel Peralta Betanzos, a quien en cualquier momento el Primer Tribunal Colegiado Penal de Oaxaca, le dictará sentencia, “después de un tortuoso proceso de defensa en el cual ya había logrado revertir una sentencia condenatoria, pero fu víctima de una revocación a espaldas hecha por el Tribunal local de Oaxaca”.
