Oaxaca.- Activistas de Oaxaca y Puebla demandaron a las autoridades la cancelación inmediata de “todas las concesiones mineras” entregadas en ambas entidades del país.
Para ello, los defensores de la tierra y el territorio firmaron la Declaratoria Contra el despojo minero y el modelo extractivista en los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa, al tiempo que solicitaron apoyo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que se sume a su causa.
También exigieron un freno a las agresiones contra defensoras y defensores del territorio de los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa.
En el documento, condenaron que la actividad minera en el país, bajo el modelo extractivista, “ha generado daños profundos, permanentes e irreversibles en amplias regiones del territorio nacional”.
Añadieron que “estos impactos constituyen una amenaza directa contra la vida, la salud, el medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos y los derechos colectivos. La minería, tal como hoy se impone, no es desarrollo: es despojo, devastación y muerte”, condenaron.
En la Declaratoria, reiteraron que el territorio “no se vende, se ama y se defiende” y que la “vida no se negocia”.
Señalaron que si bien la minería ha existido desde tiempos antiguos, en el sistema capitalista —especialmente a partir de la Revolución Industrial— “adquirió un carácter de extracción intensiva orientada a la acumulación y concentración de la riqueza, transformando los bienes comunes naturales en mercancías al servicio de intereses privados y corporativos.
“Este modelo impone una lógica de saqueo que ignora deliberadamente las realidades sociales, culturales, ambientales y comunitarias, colocando el lucro por encima de los derechos humanos y de la vida misma”, subrayó.
Acusaron que este modelo extractivo responde a una visión colonial y occidental, impuesta históricamente desde el ciclo del oro y la plata (1530) bajo la corona española, reforzada en el siglo XIX durante el porfiriato y profundizada con la reforma al artículo 27 constitucional (1992) y actualmente bajo el contubernio de MORENA y la Cuarta Transformación.
Ante ello, se pronunciaron “por la solidaridad entre nuestros pueblos originarios como principal herramienta de defensa del territorio”.
Además de la cancelación de las concesiones mineras, se pronunciaron contra los vuelos de avionetas y drones en comunidades de la región Mixteca Oaxaqueña-Poblana, que afectan el ciclo de lluvias, la agricultura y el acceso al agua.
Asimismo, contra la extracción de material pétreo, que genera división comunitaria y debilita la unidad de los pueblos.
“Instamos para que, en los espacios de lucha de la Sección XXII de la CNTE se mantenga un pronunciamiento firme contra las empresas mineras, respaldando los foros de información y agitación comunitaria. En reciprocidad, este foro respalda plenamente la lucha de la Sección XXII contra la reforma a la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa”.
Luego, se manifestaron en contra de la reforma ilegítima a la Ley de Aguas Nacionales y “rechazamos de manera categórica cualquier intento de imponer concesiones mineras, proyectos de energías verdes extractivistas y explotación de tierras raras en nuestros territorios”.
Indicaron que un pueblo informado se organiza, se une y construye estrategias colectivas, por lo que, la información es una herramienta política para la defensa territorial.
“Los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa, nos comprometemos a defender el territorio y la vida mediante la organización comunitaria, la unidad entre pueblos y el ejercicio pleno de nuestros usos y costumbres, impidiendo la entrada de empresas mineras y cualquier proyecto extractivista.
“Asumimos el compromiso de fortalecer la información, la comunicación y la vigilancia comunitaria, denunciando oportunamente el saqueo, la extracción ilegal, los sobrevuelos y toda acción que amenace nuestros bienes comunes”, sostuvieron, entre otros puntos.
