Oaxaca. La violencia registrada en la región del Istmo de Oaxaca el 22 de febrero, evidenció la fragilidad del entorno en el que viven las comunidades del Istmo y mostró cómo un escenario nacional de confrontación puede impactar directamente a territorios donde existen tensiones acumuladas por disputas económicas y políticas, condenó este martes la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
A través de un pronunciamiento, la organización de activistas afirmó que las estructuras del crimen organizado continuarán intactas mientras las autoridades no combatan los esquemas financieros y de corrupción que les dan vida, lo que a su vez mantendrá en constante peligro a pobladores y activistas que luchan por la defensa de su territorio.
La agrupación agregó que la paz duradera exige no sólo desarticular las estructuras económicas del crimen y romper vínculos de corrupción, sino también “fortalecer el tejido comunitario, garantizar el respeto a las decisiones tomadas en asambleas, proteger la libre organización y la libertad de expresión como bases fundamentales para cualquier proceso de transformación territorial”.
Reiteró que lo que pasó en Juchitán, con la quemadura de vehículos de motor tras el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una operación militar en Jalisco, no fue únicamente una jornada de violencia, sino el reflejo de una disputa estructural por el control del espacio, los bienes territoriales y el destino colectivo de los pueblos.
“Es cierto que la captura o abatimiento de figuras centrales del crimen organizado puede representar un movimiento táctico dentro de la estrategia de seguridad del Estado. Puede tener impacto operativo e incluso simbólico.
“Sin embargo, si no se acompaña de acciones que desarticulen las redes financieras, asegurando el respeto y libertad de los territorios a largo plazo, el efecto se diluye. El resultado termina siendo más discursivo que transformador. La estructura que sostiene la violencia permanece intacta. Y cortarle la cabeza a la serpiente despierta el hambre de la hidra”, advirtió.
Resaltó que en el país, en Oaxaca y en el Istmo, esta realidad se conecta con otra dimensión más profunda: la disputa por el territorio.
“El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, junto con proyectos industriales, energéticos y logísticos, ha colocado a la región en el centro de reconfiguraciones económicas de gran escala. Allí donde circula inversión, también se activan disputas por tierra, rutas, contratos y control político”.
En ese contexto, subrayó, operan distintos actores con intereses políticos y económicos que, de manera directa o indirecta, se vinculan con economías ilícitas.
Lo anterior, genera redes de corrupción, estructuras criminales locales y regionales, cacicazgos políticos y grupos armados que disputan influencia territorial.
“Cuando los pueblos organizados ejercen su derecho a decidir sobre su tierra, territorio, agua y su modelo de vida, esos intereses se sienten amenazados… Y es ahí donde emerge la violencia”, sostuvo.
“No se trata únicamente de hechos aislados. Existen patrones de intimidación contra personas defensoras del territorio: amenazas, campañas de desprestigio, vigilancia, apertura de procesos penales fabricados, agresiones físicas y, en los casos más extremos, atentados contra la vida. Estas dinámicas no ocurren solo en el Istmo; también se han documentado en otras regiones de Oaxaca”..
Agregó que en medio de esta disputa territorial, la violencia no impacta de manera uniforme.
“Las mujeres y las diversas identidades sexogenéricas enfrentan riesgos diferenciados y, en muchos casos, agravados. En contextos de conflicto por el territorio, las mujeres defensoras suelen ser objeto de violencia simbólica, amenazas con componentes de género, campañas de desprestigio basadas en estereotipos y agresiones que buscan afectar no solo su integridad física sino también su vida comunitaria y familiar”.
Sin embargo, frente a ese panorama, subrayó, también es necesario señalar que existen caminos para enfrentar esta situación.
“La violencia no es inevitable. Podría comenzar a revertirse si el Estado respetara y fomentara el fortalecimiento de las estructuras comunitarias, la libre determinación y la autonomía de los pueblos. Si en lugar de debilitar las formas propias de organización, las reconociera como pilares de gobernabilidad territorial y construcción de paz.
“Sin embargo, lo que muchas comunidades perciben es lo contrario: procesos que desarticulan, fragmentan y erosionan el tejido social; decisiones que pasan por encima de las asambleas; dinámicas que facilitan el despojo territorial en beneficio del capital y de intereses económicos de gran escala”.
Así, abundó, cuando se debilita la organización comunitaria, se abre espacio para que otros actores (legales e ilegales) ocupen ese vacío.
“Reiteramos que la defensa del territorio es un derecho legítimo y que el respeto pleno a la autonomía y libre autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades del Istmo, de Oaxaca y del país debe ser un principio irrenunciable”.
