En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, pueblos y organizaciones indígenas exigieron ser tomados en cuenta en las decisiones nacionales.
En ese sentido, sostuvieron que su participación en la política “no debe ser eventual si no estructural” e instaron a la comunidad internacional a poner sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
“Este compromiso es olvidado con frecuencia cuando se trata de políticas y acciones dirigidas a grupos y comunidades históricamente excluidos”.
El documento firmado por más de 10 organizaciones sociales entre ellas Indigenous Peoples Rights International, IPRI capítulo México, remarcaron que durante décadas la política indígena ha oscilado entre el reconocimiento discursivo y la administración asistencialista.
“La política hacia los pueblos indígenas no puede circunscribirse sólo a transferencias monetarias, programas temporales, folklor o programas asistenciales de voluntad sexenal”, advirtieron.
Ante ello, las organizaciones recalcaron que en el marco jurídico nacional e internacional existen bases suficientes para una transformación profunda en la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, más allá de coyunturas o políticas sexenales.”
Finalmente exigieron al Estado el reconocimiento de los sistemas de gobierno y justicia que emergen desde sus pueblos. “Nuestra justicia antepone la reparación del daño antes de ser punitiva como lo hace el sistema estatal y es necesario aprender de ella” y respeto al territorio que es un activo de vida y no una mercancía. Por ello se pronuncian por un “alto a la imposición de megaproyectos, presas, minas, trenes en territorios indígenas que nos despojan del bien vivir y afectan gravemente la red de la vida”.
Asimismo, un alto a la criminalización, desaparición y asesinato a las y los defensores del territorio; no más desplazamiento forzado de personas indígenas, esto afecta gravemente a las mujeres y niñez, nos despoja de nuestra identidad y tejido colectivo y la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2º constitucional.
Precisan que ese reglamento garantizará que los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicano “no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en normas vinculantes que aseguren su ejercicio efectivo en ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales.”
Dejan en claro que los pueblos indígenas “no solicitamos privilegios”, sino que exigen el cumplimiento pleno del orden constitucional y convencional vigente. “Es urgente dar pasos firmes hacia el cumplimiento pleno de los derechos indígenas. Alto a la discriminación racial. No buscamos permiso para ser lo que ya somos, buscamos que la Constitución deje de ser un espejo que no nos refleja.”
