Por Lilu Martínez
El tema de este día se centra principalmente en esta constante que refleja una forma de gobernar: las obras públicas que se quedan a medias, que se encarecen sin explicación o que terminan siendo inútiles.
En Oaxaca, tanto a nivel estatal como municipal, la obra pública arrastra fallas estructurales que no son nuevas, pero sí cada vez más evidentes. La primera es la falta de planeación técnica. Se inician proyectos sin estudios completos de suelo, sin diagnósticos funcionales y sin claridad sobre su viabilidad. El resultado es predecible: obras que no responden a necesidades reales o que simplemente no pueden sostenerse.
A esto se suma el manejo discrecional de los recursos. Presupuestos que cambian en el camino, partidas que se reasignan y proyectos que se detienen bajo el argumento de falta de dinero, sin que haya consecuencias administrativas visibles. La opacidad se vuelve parte del proceso.
El esquema de adjudicación también pesa. La asignación directa de contratos reduce la competencia, limita la transparencia y abre la puerta a empresas que operan sin la capacidad técnica suficiente. Para compensar, se recortan costos en materiales y ejecución, lo que deriva en infraestructura deficiente o de corta vida útil.
El problema no termina ahí. La obra pública se utiliza como instrumento político. Se prioriza lo que puede anunciarse, lo que puede inaugurarse o lo que puede capitalizarse mediáticamente. Lo que no encaja en esa lógica se detiene, se abandona o se deja deteriorar.
Así, la continuidad institucional desaparece. Cada administración redefine prioridades sin concluir lo anterior, y la infraestructura se convierte en un ciclo de inicio, abandono y reemplazo constante.
El resultado es un deterioro acumulado: recursos públicos desperdiciados, espacios que no se utilizan y una brecha cada vez mayor entre lo que se anuncia y lo que realmente funciona.
Es así que la obra pública, en lugar de ser una herramienta de desarrollo, termina siendo un reflejo de decisiones improvisadas, intereses de corto plazo y una gestión que no logra sostener lo que inicia.
Porque no se trata de casos aislados. Es un patrón. Calles abiertas que nunca se terminan, proyectos que arrancan con bombo y platillo y meses después quedan abandonados, o peor aún, obras que sí se concluyen, pero resultan inservibles desde el primer día.
También hay otro elemento igual de grave: la politización de la obra pública.
Cada administración quiere dejar su sello, su placa, su nombre. Pero cuando se trata de proyectos heredados, la lógica cambia. Lo que hizo el gobierno anterior no se concluye: se abandona, se desacredita o se utiliza como símbolo del fracaso ajeno.
Ahí está el caso del Teatro Álvaro Carrillo, demolido para dar paso a un nuevo proyecto cultural que hoy sigue sin consolidarse plenamente. Un espacio que podría estar en uso, pero que terminó convertido en referencia política, en lugar de ser una solución para la ciudadanía.
Y entonces ….
¿Para quién se hacen las obras públicas?
Porque si se hicieran para la gente, habría continuidad, planeación y responsabilidad. Pero cuando se hacen para la foto, para la campaña o para el discurso, el resultado es el que hoy vemos: elefantes blancos, recursos desperdiciados y una ciudadanía que paga dos veces… con sus impuestos y con la falta de servicios.
La ética pública no debería depender del gobierno en turno.
Pero en Oaxaca, muchas veces, así funciona.
