En medio de señalamientos de presuntos actos irregulares por parte de jueces que conocen de casos de alto impacto en la entidad, el Poder Judicial de Oaxaca reportó un gasto de mil 152 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2025.
Lo anterior, representa una erogación de recursos de 96 millones de pesos al mes, 3.2 millones de pesos diarios o 133 mil 400 pesos cada 60 minutos, de acuerdo con el último informe de avance de gestión financiera de 2025 de la Secretaría de Finanzas, enviado al Congreso de Oaxaca para su análisis y aprobación.
El reporte refiere que el Poder Judicial de Oaxaca, conformado por jueces y magistrados, recibió ampliaciones presupuestales por 9 millones 552 mil pesos.
Lo anterior, provocó que su presupuesto inicial, que era de mil 148 millones de pesos aumentará a mil 158 millones de pesos, los cuales fueron gastados en su totalidad al 31 de diciembre.
Millones y millones
Los dineros públicos enviados al Poder Judicial con el aval del Poder Ejecutivo, que encabeza Salomón Jara, se dividieron de la siguiente forma: 247.2 millones de pesos fueron gastados de manera directa por el Tribunal Superior de Justicia, integrado por 27 magistrados y magistradas que deben o deberían salvaguardar la constitucionalidad de las resoluciones emitidas por jueces y juezas de primera instancia del fuero común.
Si el gasto reportado a lo largo del ejercicio fiscal se dividiera equitativamente entre cada magistrado, cada uno de ellos le costaría a la población 9.1 millones de pesos.
El resto del presupuesto; es decir, 911.1 millones de pesos, fueron erogados por el Consejo de la Judicatura, organismo encargado de supervisar, capacitar y seleccionar al personal, incluidos jueces, de todos los juzgados de primera instancia que existen en Oaxaca.
Esa burocracia judicial de Oaxaca le costó a los habitantes de esta entidad 75.9 millones de pesos al mes o 2.5 millones de pesos cada 24 horas.
Múltiples señalamientos
A pesar de lo anterior, jueces y magistrados de Oaxaca han sido señalados de manera reiterada de emitir sentencias en contra de los intereses de las víctimas o bien a partir de intereses políticos.
Caso Uruchurtu
Tales acusaciones fueron hechas por la familia de la activista Claudia Uruchurtu, desaparecida desde 2021 y cuyas hermanas han denunciado que tanto jueces y representantes del Tribunal Superior de Justicia dejaron en libertad de manera irregular a la exedil de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta.
En el primer caso, jueces de Oaxaca decidieron sentenciar a la exfuncionaria a poco más de 4 años y 2 meses de cárcel únicamente por el delito de obstrucción de las investigaciones y no como autora de la desaparición forzada como lo había solicitado la familia y la Fiscalía estatal y lo que ameritaba una sentencia de más de 40 años de cárcel.
Posteriormente, magistrados del Tribunal Superior de Justicia redujeron la pena de la ex edil morenista y permitieron con ello que saliera en libertad.
Aquella resolución ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún no resuelve el expediente.
Caso Eloxochitlán
Jueces y magistrados de Oaxaca también han sido acusados por el colectivo Presos Políticos de Eloxochitlán de Flores Magón de orquestar una persecución en contra de habitantes de aquella localidad por consigna de líderes políticos del partido Morena en Oaxaca, vinculados al político Manuel Zepeda, padre de la diputada morenista Elisa Zepeda.
La activista Argelia Betanzos ha afirmado que los representantes de la justicia en el ámbito estatal han ordenado la detención de ciudadanas y ciudadanos bajo acusaciones de delitos como daños, tentativa a domicilio y homicidio cuando jueces federales han determinado la inexistencia de elementos para fincar responsabilidades en contra de los habitantes.
Uno más
Y en otro ejemplo, ayer, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) acusó que el Poder Judicial de Oaxaca pretende dejar en libertad a dos policías municipales de Tlaxiaco sobre los que recaen imputaciones por el delito de tortura y cuyo caso ha trascendido hasta el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Cedhapi también acusó un conflicto de interés en el tema, pues esta tarde denunció que el abogado de los elementos de seguridad es Carlos Fernando Santiago Cruz, quien actualmente se desempeña como Director Jurídico y de Asistencia Legal del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca.
Sobre la posible liberación de los dos agentes acusados de tortura, el Centro de Derechos Humanos sostuvo que el viernes 27 de marzo de 2026 y “de manera urgente”, la Jueza de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Tlaxiaco, señaló una audiencia para revisar la medida cautelar de prisión preventiva “de los procesados Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario policías municipales de la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, quienes están acusados del delito de tortura cometido en contra de Ángel Daniel Bautista Vásquez, en la causa penal número 121/2025”.
El Cedhapi, que encabeza Maurilio Santiago, indicó que los policías fueron vinculados a proceso el 24 de julio de 2025 y se encuentran privados de la libertad en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula.
Sin embargo, refirió que la representante del Poder Judicial oaxaqueño difirió la audiencia para el lunes seis de abril del 2026, por lo que “pueden ser puestos en libertad en la audiencia de revisión de medidas cautelares”.
