La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló de lo judicial a lo político, tras incluir una solicitud de extradición y desatar una respuesta inmediata del partido Morena, que acusa una intromisión extranjera.
De acuerdo con el expediente abierto en Nueva York, el mandatario estatal habría mantenido vínculos con la facción criminal de Los Chapitos, la cual presuntamente intervino en el proceso electoral mediante robo de urnas, secuestro e intimidación de adversarios políticos para favorecer su llegada al poder.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, ya en funciones, Rocha Moya habría permitido la operación de este grupo con impunidad, además de facilitar la colocación de funcionarios afines dentro de estructuras de gobierno, consolidando una red de protección institucional al narcotráfico.
En la misma acusación figuran otros perfiles de alto nivel como el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, junto con mandos de seguridad y procuración de justicia. Los delitos imputados incluyen conspiración para tráfico de drogas, posesión de armamento de uso militar y explosivos, con penas que podrían alcanzar la cadena perpetua.
Sin embargo, la reacción del oficialismo no se centró en el fondo de las acusaciones, sino en cuestionar la forma. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena aseguró que la solicitud de extradición “vulnera el Estado de derecho” mexicano y acusó al gobierno estadounidense de actuar sin pruebas suficientes, además de violar acuerdos de confidencialidad entre ambos países.
El partido, encabezado por Luisa María Alcalde, defendió que será la Fiscalía General de la República la única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos que sustenten la extradición, en apego —según dijeron— a la legalidad y la soberanía nacional.
No obstante, el posicionamiento abre un ángulo crítico: mientras en Estados Unidos se judicializa una presunta red de complicidad entre crimen organizado y poder político, en México la respuesta institucional se limita a un cierre de filas que prioriza la narrativa de soberanía sobre el esclarecimiento de los hechos.
El caso se desarrolla en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, marcada por la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, lo que añade presión a un escenario donde las acusaciones ya no sólo apuntan al crimen organizado, sino a posibles vínculos con estructuras de gobierno.
Hasta el momento, no hay una postura pública detallada del gobernador Rocha Moya frente a las imputaciones, mientras el proceso en Estados Unidos avanza y la tensión política crece en ambos lados de la frontera.
