El equipo con el que se vigilarán las carreteras de Sinaloa fue comprado a una compañía propiedad de Luz Daniela Segura Guzmán, socia de una empresa señalada por Estados Unidos de operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno de Sinaloa, todavía bajo el mandato interino de Yeraldine Bonilla, le asignó a SGP Tech, donde Segura Guzmán es accionista, un contrato por 52 cámaras, antenas y equipo para 13 arcos de vigilancia vehicular.
Segura Guzmán también participa en Grupo Segtac, una inmobiliaria sancionada en 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por administrar un centro comercial en Playa del Carmen vinculado a “Los Cuinis”, una organización aliada del CJNG encargada de lavar sus ganancias y traficar fentanilo.
