Un grupo de activistas oaxaqueños sostuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, con el objetivo de exigir atención y acceso a la justicia ante diversos procesos jurídicos por actos de corrupción o tráfico de influencias que mantienen abiertos en contra de agentes del Estado.
Se trata de familias que acusan un despojo en su contra en El Coyul, Huamelula, y cuya lucha en defensa de sus tierras se tradujo en sentencias de 15 años de prisión en su contra, así como desplazados de Eloxochitlán de Flores Magón, que acusan una persecución judicial por parte de autoridades y actores estatales, entre ellos la ex secretaría de las Mujeres, Elisa Zepeda.
Los representantes de comunidades y activistas argumentaron que, al ser oaxaqueño, Hugo Aguilar conoce el contexto político y social del estado por lo que no puede ignorar aquellos casos de los que él, como funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), tuvo conocimiento en el pasado.
Los representantes de la comunidad de El Coyul, San Pedro Huamelula, demandaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia para que analice los procesos judiciales que se abrieron en contra de sus integrantes y las sentencias de 15 años de prisión que emitieron jueces locales, con el objetivo de que no solo se reviertan las condenas sino que se castigue a los funcionarios judiciales involucrados.
Mientras tanto, activistas de Eloxochitlán de Flores Magón pidieron el titular del poder judicial que se revise el actual de jueces federales que resolverán los juicios y amparos que promovieron después de que el poder judicial de Oaxaca revivió procesos jurídicos en contra de pobladores de aquella demarcación, que en su momento fueron exonerados de haber participado en una serie de hechos violentos ocurridos en 2014 entre grupos afines al ex edil Manuel Zepeda.
