Plataforma de Derechos Humanos condena nulo acompañamiento de autoridades estatales y federales y agresiones en contra de activistas durante peritaje en la Sierra Norte

Oaxaca. La Plataforma de Derechos Humanos denunció que la falta de acompañamiento de diversas autoridades estatales y federales puso riesgo la vida e integridad de defensoras y defensores de derechos humanos durante una diligencia en San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe,  la cual tenía el propósito del desahogo de una prueba pericial.

A través de un pronunciamiento hecho llegar a este medio, las organizaciones condenaron el “lamentable desempeño” de la Defensoría de los Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado.

En ese sentido, explicaron que las familias y comuneras de Rancho Ardilla y Rancho Minas de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, han sufrido una serie de amenazas, hostigamientos, agresiones, incluida la sexual, y encarcelamientos arbitrarios por parte de autoridades municipales y agrarias de Tamazulapam del Espíritu Santo, así como de sus agencias de Tierra Blanca y Linda Vista con el fin de despojarles de sus tierras y pertenencias.

Durante la diligencia, detallaron, se apersonaron las víctimas, el perito oficial del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, así como varias personas defensoras de derechos humanos.

Al llegar y a pesar de que el perito se identificó formalmente y explicó los detalles de los trabajos a realizar por instrucciones del mencionado Juzgado, y en el momento en que iba a iniciar su cometido, las autoridades municipales de Tamazulapam del Espíritu Santo, las autoridades agrarias, los topiles y la policía municipal, impidieron al perito, desarrollar sus actividades, de una manera amenazante y agresiva.

“No bastaron los argumentos ni explicaciones que se dieron sobre el trabajo de carácter técnico e incluso se les mostró el acuerdo donde se establece que él es el perito oficial del Juzgado Décimo de Distrito, encargado de desahogar la prueba pericial en agrimensura. Aun así argumentaron que ya eran sus terrenos y los obligaron a salir del lugar, escoltados por topiles”.

Las organizaciones expresaron  su preocupación por. la falta de acciones eficaces para garantizar la seguridad y la integridad de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos, sobre todo “ante el riesgo que era inminente por los antecedentes de las agresiones y el abuso de autoridad con el que han venido actuando las autoridades y la población de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, quienes en franco reto a la observancia y protección de los derechos humanos, el día de hoy han impedido y obstaculizado el trabajo del perito oficial designado por la autoridad federal”.