Oaxaca. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si revoca o no la sentencia absolutoria emitida en 2025 a favor del ex asesor jurídico de Asunción Nochixtlán durante la administración de Lizbeth Victoria Huerta, Johan Ricardo Matus y quien en 2023 había sido sentenciado a 60 años de prisión por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
Después de un recurso de amparo promovido en octubre de 2025 por los asesores jurídicos de la familia Uruchurtu Cruz, el Alto Tribunal del país determinará si la acción del Tribunal Colegiado que dejó en libertad a Johan Ricardo se apegó a la legalidad.
El ministro encargado del proyecto será Arístides Rodrigo Guerrero García, quien presentará ante el Pleno un estudio de los hechos. La sesión comenzará a las 10:00 horas.
La organización Defensores por la Justicia, integrada por los activistas Laura Morales Juárez y José Juan Julián Santiago, resaltó que la de mañana, será la primera sentencia relacionada con desaparición forzada que emitirán los nuevos ministros de la Corte, surgidos del proceso electoral por medio de voto promovido por el régimen de Morena.
“Después de un largo proceso judicial, el cuatro de febrero de 2026, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el Amparo en Revisión 5887/2025, sobre la Desaparición Forzada de la Defensora de Derechos Humanos Claudia Uruchurtu Cruz. La exigencia de justicia, verdad y reparación integral, por primera vez será motivo de análisis a partir del proyecto que presentará el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, al Pleno del más alto tribunal de este país.
“La desaparición de la Defensora de Derechos Humanos Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida el 26 de marzo del año 2021, en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, ha transitado por diversos operadores del sistema judicial en Oaxaca, quienes con perspectivas discordantes han motivado a la familia Uruchurtu Cruz continuar con su exigencia de justicia; ahora, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sostuvo Defensores por la Justicia la tarde de este día.
“Con el caso de Claudia, se pone sobre la mesa la importancia de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, definir los alcances de la presunción de inocencia, establecer la importancia de las pruebas circunstanciales, además de entender la situación de especial vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos ante las desapariciones forzadas, sin dejar de lado la perspectiva de género e interseccionalidad.
“La familia Uruchurtu Cruz espera que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación redignifique la labor jurisdiccional en México, siente las bases con criterios claros y contundentes para que los demás tribunales retomen en su labor la importancia de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral, y con ello, poner un alto a los miles de casos donde la impunidad ha prevalecido”, apuntó.
Johan Ricardo salió en libertad en agosto de 2025 por resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec.
El hombre, quien fungió como asesor jurídico de la administración de Lizbeth Victoria, salió en libertad ocho meses después de la hoy ex alcaldesa, quien había sido señalada por la Fiscalía de Oaxaca como autora intelectual de los hechos; sin embargo, el Poder Judicial de Oaxaca decidió únicamente imputarla y sentenciarla por obstrucción de las investigaciones y la sentenció a 4 años de prisión.
En 2024, el Tribunal de Justicia de Oaxaca ordenó la reducción de la condena de Victoria Huerta y con ello pudo salir en libertad después de haber sido detenida en 2021.
Claudia Uruchurtu desapareció el 26 de marzo de 2021, luego de que había documentado y denunciado irregularidades en el gasto público de Nochixtlán.
Hasta el momento se desconoce su paradero.
Por aquellos hechos permanecen presos y sentenciados a 45 años de prisión Nelci J. V. J. y Rolando A. B., además de Juan Antonio H. M., a 60 años.
Piden revisión de liberación de ex edil
Ante ello, los abogados también solicitaron a la Corte revisar la legalidad de la liberación a favor de Lizbeth Victoria; no obstante, el Alto Tribunal aún no se pronuncia al respecto.
Los asesores jurídicos de la familia Uruchurtu informaron también que desde hace un año pidieron a un Tribunal Colegiado revisar la sentencia que favoreció la libertad de la ex funcionaria lo cual aún no ha sido resuelto.
