La jueza Sexta de Distrito con sede en Boca del Río Veracruz, Alba Lorena Barrales Oviedo, canceló las 200 órdenes de aprehensión por los delitos de robo calificado e incendio que recaían en contra de 50 ciudadanos del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, en la región de la Cañada, y que fueron reactivadas el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJEO).
La representante del Poder Judicial federal resolvió, al emitir una sentencia de amparo, que no existen elementos en contra de las personas acusadas por los líderes de morena en aquella demarcación, Manuel Zepeda y la diputada local Elisa Zepeda.
La activista y abogada, Argelia Betanzos, informó hoy que el Juzgado Federal confirmó lo que otras nueve sentencias federales habían advertido durante los últimos años, en relación a que no existen elementos para proceder contra los ciudadanos por aquellos ilícitos que les fueron fincados a partir de un conflicto político ocurrido desde 2014.
Betanzos indicó que la Jueza Sexto de Distrito estableció que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca culpó a las y los mazatecos sin lograr demostrar que realmente exista los delitos que la Fiscalía les atribuyó.
Durante 12 años, los habitantes han sido perseguidos y hostigados por representantes del Poder Judicial de Oaxaca, reiteró Argelia Betanzos.
“Esta decisión es congruente con la reciente sentencia histórica a favor del antropólogo Miguel Peralta, donde se demostró que los señalamientos en su contra eran genéricos, vagos y carentes de fiabilidad probatoria, donde los magistrados federales han confirmado que no se pueden sostener condenas basadas en relatos inverosímiles, testimonios contradictorios y en la falta de individualización de las conductas”, apuntó.
Los colectivos Presos Políticos de Eloxochitlán y Mujeres Mazatecas por la Libertad demandaron al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca el cumplimiento inmediato de la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Oaxaca.
También demandaron el cese de la criminalización de las y los ciudadanos y que la Fiscalía General de Oaxaca se desista de las acusaciones restantes, tras la rotunda demostración de la fabricación de delitos.
“Destitución y justicia: Se exige la destitución de la diputada Elisa Zepeda y que se detenga la complicidad del gobernador Salomón Jara en las violaciones a los derechos humanos de la comunidad.
Recordaron que el 31 de marzo de 2025, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca libró estas órdenes de aprehensión vinculadas al expediente 16/2016, “ignorando al menos nueve resoluciones previas que ya habían establecido la inexistencia de los delitos imputados”.
Ante ello, subrayaron su exigencia de libertad total: “La comunidad advierte que no descansará hasta que todos sus integrantes estén totalmente libres, recordando que “Eloxochitlán no es del cacique Manuel Zepeda ni de los gobernadores de Oaxaca”, sino de sus personas habitantes y personas ancestras.
“Hemos logrado ganar, luchando desde el corazón, desde las calles, y desde la solidaridad.
No vamos a descansar hasta que estemos totalmente libres”.
Reiteraron que la determinación de la jueza es un acto de justicia que marca un hito en la lucha por la libre determinación de los pueblos originarios.
“Una década de persecución y fabricación de delitos. Esta victoria jurídica ocurre tras más de diez años de un recrudecimiento de la persecución política”.
Explotación de recursos
La comunidad y observadores de derechos humanos afirmaron que el trasfondo de esta criminalización es el saqueo de los recursos naturales, específicamente la extracción ilegal de piedra y arena del río por parte del cacique Manuel Zepeda, padre de la ya dos veces diputada morenista y ex Secretaria de la mujer, Elisa Zepeda Lagunas, “quien lleva saqueando el río durante los mismos años de la persecución contra la comunidad. Durante años, el aparato del Estado ha sido utilizado para intentar someter a quienes defienden la vida y la autonomía de la sierra mazateca alta”.
Agregaron que las acusaciones, que incluían robo calificado e incendio, “han sido expuestas por expertos legales como logísticamente irracionales e imposibles. Del estudio lógico y racional se concluye que es físicamente imposible para un grupo de personas sustraer más de 2.7 toneladas de mercancía (incluyendo más de una tonelada de lácteos y granos) sin que se tenga certeza de cómo fueron transportadas o almacenadas en un lapso de 80 minutos, para luego supuestamente incendiar distintos lugares y además cometer otros crímenes de alto impacto”.
