Por Lilu Martínez
La lucha de la CNTE y de la Sección 22 no nació ayer. Su historia reciente se remonta a mayo de 2006, cuando los maestros instalaron un plantón en el Centro Histórico de Oaxaca para exigir mejores condiciones laborales y recursos para la educación. El intento de desalojo del 14 de junio de ese año detonó un movimiento social mucho más amplio que dio origen a la APPO y colocó a Oaxaca en el centro de la atención nacional durante varios meses.
Han pasado ya veinte años desde aquel conflicto de 2006 que cambió para siempre la historia política de Oaxaca. Todo comenzó como una demanda magisterial, pero terminó convirtiéndose en un movimiento social que puso contra las cuerdas al gobierno estatal de la época. Muchos de quienes entonces marchaban junto a la Sección 22, denunciaban la represión y exigían respeto al movimiento popular, hoy ocupan oficinas gubernamentales, despachos y espacios de poder.
La pregunta es inevitable: ¿qué cambió?
Cambiaron los papeles, pero no las contradicciones.
La CNTE sostiene una lucha que tiene demandas legítimas. La exigencia de mejores condiciones laborales, pensiones dignas y la revisión de reformas que afectaron al magisterio no son temas menores. Nadie puede negar que existe una deuda histórica con los trabajadores de la educación. Sin embargo, también es cierto que el movimiento enfrenta un desgaste social cada vez más evidente. Miles de ciudadanos ven con molestia los bloqueos, los plantones y las afectaciones que paralizan ciudades enteras. La simpatía social que existía en 2006 ya no es automática.
Pero tampoco se puede ignorar la enorme responsabilidad de los gobiernos...
Durante años, los hoy gobernantes construyeron capital político respaldando causas sociales. Aplaudieron marchas, justificaron bloqueos y defendieron la protesta como un derecho legítimo. Ahora que les toca gobernar, descubren que gobernar es mucho más complicado que protestar.
En Oaxaca escuchamos constantemente el discurso oficial de que existe respeto absoluto a la libre manifestación. Suena bien. Es políticamente correcto. Pero la realidad demuestra otra cosa. El gobierno presume tolerancia cuando se trata de la Sección 22 o de los normalistas, porque sabe perfectamente que enfrentarlos tiene un costo político enorme. Con ellos no se arriesga. Con ellos se negocia.
Sin embargo, cuando otros grupos sociales bloquean carreteras, toman oficinas o afectan intereses estratégicos, la respuesta suele ser distinta. Ahí aparecen los operativos, las presiones políticas o los desalojos. Esa diferencia de trato no es respeto a los derechos; es una aplicación selectiva de la autoridad.
Y eso también es una forma de omisión gubernamental...
Porque gobernar no significa permitir todo ni reprimir todo. Gobernar significa aplicar la ley de manera pareja. Si una acción es válida para unos, debe ser válida para todos. Y si una acción es ilegal para unos, también debe serlo para todos.
La otra gran contradicción está en el gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su relación con la CNTE prometiendo revertir políticas que el magisterio rechazaba. Durante años fue aliado político de sus causas. Sin embargo, al llegar al poder muchas de las demandas centrales permanecieron sin solución. Las pensiones, el sistema de jubilaciones y varios compromisos históricos siguen siendo motivo de conflicto.
Por eso hoy observamos una escena peculiar: la CNTE protesta contra gobiernos que ayudó a llevar al poder, mientras esos gobiernos intentan explicar por qué no pudieron cumplir lo que prometieron cuando estaban en campaña.
Ni la CNTE puede vivir eternamente de las banderas del pasado, ni los gobiernos pueden seguir refugiándose en discursos de comprensión y respeto mientras evaden decisiones de fondo.
A veinte años del conflicto de 2006, Oaxaca sigue atrapada en el mismo círculo. Los maestros marchan, los gobiernos negocian, los ciudadanos padecen las consecuencias y las soluciones estructurales nunca llegan.
Quizá el verdadero problema es que todos aprendieron a administrar el conflicto, pero nadie ha tenido la voluntad de resolverlo.
Y mientras la CNTE mantiene su pulso con los gobiernos, Oaxaca sigue pagando la factura. Cada paro representa días perdidos de clases en uno de los estados con mayores rezagos educativos del país. Cada bloqueo afecta a miles de ciudadanos que no participan en el conflicto, pero que terminan atrapados entre las exigencias sindicales y la incapacidad gubernamental para resolverlas.
Lo más preocupante es que el conflicto parece haberse normalizado. Como si fuera parte del paisaje. Como si fuera inevitable que cada año las calles se cierren, las clases se suspendan y la economía se detenga. Pero no debería ser normal.
Oaxaca vive fundamentalmente del turismo, del comercio y de los servicios. Mientras otros estados compiten por atraer inversiones, generar empleos y mejorar sus indicadores educativos, aquí seguimos discutiendo los mismos problemas de hace veinte años. Seguimos atrapados en conflictos que cambian de protagonistas, pero no de fondo.
La CNTE tiene derecho a luchar por sus demandas. El gobierno tiene la obligación de escuchar. Pero ambos tienen también una responsabilidad con la sociedad que dicen representar. Porque cuando el conflicto se vuelve permanente, cuando las mesas de diálogo sustituyen a las soluciones y cuando las movilizaciones se convierten en rutina, los únicos que terminan perdiendo son los ciudadanos.
Entonces… ¿quién va a alzar la bandera blanca? ¿Quién dará el primer paso para romper este círculo vicioso? Porque mientras maestros y gobiernos miden fuerzas, Oaxaca sigue perdiendo tiempo, oportunidades y futuro. Y el tiempo que pierde una generación en las aulas, o una economía que depende del turismo y la estabilidad, es tiempo que ya no regresa.
Veinte años después del 2006, quizá la verdadera victoria no sería que una de las partes se imponga sobre la otra. La verdadera victoria sería que Oaxaca deje de ser rehén de un conflicto que nadie ha podido resolver y que todos han aprendido a administrar.
