La falsificación de los certificados de vacunación contra el SARS-CoV-2, más allá de la comisión de un delito del orden federal, representa un problema de enormes dimensiones, toda vez que el objetivo principal de estos documentos es conocer el porcentaje de la población vacunada, para alcanzar la inmunidad de grupo o de rebaño.
En un punto de acuerdo, que se enlistó en la Gaceta Parlamentaria del 10 de febrero, se agregó que el certificado de vacunación es un documento público, que expide la Secretaría de Salud y por lo tanto su falsificación constituye un delito del orden federal que se castiga con prisión.
Por ello, indicó, es prioritario que las secretarías de Salud, Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, tomen las medidas pertinentes para prevenir, detectar y castigar la falsificación de este certificado de vacunación.
Ante ello, acotó, es importante que la Secretaría de Salud asegure un procedimiento eficiente y expedito para la corrección de datos de dichos documentos, así como la descarga de éstos y evitar su alteración.
El documento refirió que, para conocer el porcentaje de la población inoculada, las autoridades realizan un registro previo y recolectan, entre otros datos, la CURP, edad, género y lugar de residencia.
Posteriormente, agregó, se realiza el registro de cada persona que se vacuna, el tipo y número de dosis, lugar y fecha de la inyección para posteriormente emitir el certificado de vacunación.
Sin embargo, al existir documentos apócrifos la autoridad pierde el control total sobre los datos acerca cuántas personas en México han sido inmunizadas y cuando podrían requerir alguna dosis de refuerzo.
