Con un total de 10 activistas asesinados, Oaxaca se convirtió en el territorio más peligroso del país para desarrollar labores de defensa de derechos humanos y defensa del territorio durante el primer año de gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
En Oaxaca se registró el 29.4 por ciento de los homicidios cometidos en contra de defensores y defensoras, cuya cifra fatídica fue de 34 víctimas a nivel nacional entre el primero de octubre de 2024 y el 24 de octubre de 2025, según el monitoreo “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas” de la campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca.
A la cifra de personas ejecutadas se suman 4 víctimas más de desaparición forzada, precisó el informe.
“Tierra, verdad y justicia – las causas más atacadas: Al igual que en el sexenio anterior, con un promedio de 38 personas defensoras asesinadas por año, la defensa de los derechos humanos en México continúa representando una actividad de alto riesgo que amenaza gravemente la integridad y la vida.
“La defensa de la tierra y el territorio y la reivindicación de un medio ambiente sano (31.6 por ciento), así como el ejercicio del derecho a la verdad y la justicia (28.9 por ciento)), y derechos civiles y políticos (15.8 por ciento), representan el 76.3 por ciento de los atentados a la vida y por ende las luchas más vulnerables a la represión”, señaló Alas y Raíces.
Una cifra particularmente significativa, abundó, indica que la violencia ejercida contra personas pertenecientes a colectivos de búsqueda, así como contra madres, padres y familiares que se dedican a la localización de personas desaparecidas, representa más de una cuarta parte de casos registrados a nivel nacional (26.3 por ciento).
“En este contexto, resulta relevante mencionar que, de los 34 asesinatos documentados, tres víctimas fueron inicialmente reportadas como desaparecidas y posteriormente halladas sin vida. Asimismo, entre los casos clasificados como atentados contra la vida, se identificaron cuatro desapariciones forzadas; en dos de ellas, las personas fueron localizadas con vida, mientras que dos permanecen en condición de desaparecidas”.
Reiteró que Oaxaca lidera cifras a nivel nacional con 29.4 por ciento de los asesinatos: “Con 10 asesinatos registrados en este año, Oaxaca sigue siendo el estado más crítico para la defensa de derechos humanos, le sigue Jalisco con 7 y Puebla con 4”.
También se informó que el 44.1 por ciento de los asesinatos de personas defensoras se concentran en el sur-sureste del país (Oaxaca 10, Guerrero 3, Chiapas 2), por lo que “la región se confirma como la más peligrosa para la defensa comunitaria.
“El 53.4 por ciento de los asesinatos documentados en esta zona fueron cometidos contra personas defensoras del derecho a la tierra, el territorio y un medio ambiente sano. En este contexto, es importante destacar que, a nivel nacional, casi la mitad (44.7 por ciento) de las personas defensoras agredidas pertenecen a comunidades indígenas, representando 17 de los 38 casos registrados”.
En relación con la violencia de género de las 38 personas defensoras agredidas en el marco de estos atentados contra la vida, 28 eran hombres (73.7 por ciento), nueve eran mujeres (23.7 por ciento) y una persona era de la diversidad (2.6 por ciento). Es importante destacar aquí que 2 de los hombres agredidos pertenecían a la comunidad LGBTQIA+.
“Analizando los posibles responsables y agresores denunciados de los casos documentados, las cifras se mantienen en rangos similares a los registrados durante el sexenio anterior.
“Las organizaciones civiles y sociales identifican a los poderes fácticos como los principales responsables de los atentados contra la vida (71.1%), mientras que en el 18.4% de los casos no se cuenta con información precisa sobre los hechos. Únicamente en alrededor del 10.5% de los casos se atribuye responsabilidad a las autoridades estatales y locales”.
Ante ello, indicó que lejos de representar un cambio o una transformación real, el periodo comprendido entre octubre de 2024 y octubre de 2025 confirmó la continuidad de un patrón estructural de violencia, represión e impunidad contra quienes defienden los derechos humanos en México.
“Las cifras registradas por EDUCA A.C. evidencian que la defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente, así como la búsqueda de verdad y justicia, siguen siendo actividades de alto riesgo que cobran vidas”.
