LILU MARTÍNEZ
El reconocimiento del Gobierno de Oaxaca sobre el crecimiento acelerado del consumo de cristal en escuelas vuelve a encender un debate. Si hoy las drogas están entrando con mayor facilidad a los planteles, es porque los programas no están funcionando, y también es porque en muchos hogares el tema se ignora, se minimiza o se delega por completo al sistema educativo.
Desde el gobierno se señaló un fenómeno creciente en primarias, secundarias, bachilleratos e incluso universidades. Y aunque ello derivó en la jornada “Sin Drogas Salvas Tu Vida”, cualquier padre o madre sabe que un operativo en la calle difícilmente reemplaza la ausencia de control y acompañamiento dentro de la casa, o de las escuelas.
El video difundido en la Secundaria Técnica 1, donde presuntamente estudiantes incitan a una menor a inhalar una sustancia, no solo evidencia la insuficiencia institucional; revela, sobre todo, que hay niñas, niños y adolescentes que están explorando —sin guía adulta— territorios de altísimo riesgo.
Esa parte incomoda más que cualquier reforma legal.
Porque durante años se exigió vigilancia estatal, pero muy poco se habló de vigilancia familiar: de supervisar cambios de conducta, de preguntar, de escuchar, de saber con quién conviven nuestros hijos, de poner límites, de acompañarlos emocionalmente, de educarlos en prevención, no en prohibición muda.
Mochila Segura: fracaso institucional… pero también social
Es cierto que Mochila Segura fue un desastre metodológico. No había indicadores, no había evaluación, cada escuela lo aplicaba “a su modo”, y terminó siendo un acto simbólico que la Suprema Corte declaró inconstitucional.
Pero también es cierto que este fracaso no puede convertirse en excusa permanente. El consumo de cristal ya no es excepcional. Es cotidiano. Y hoy la discusión exige más honestidad de todos los actores, madres y padres incluidos.
El Estado dice que revisar mochilas viola derechos. Pero vale preguntar: ¿es violatorio acompañar la revisión siempre que haya transparencia, reglas claras, instancias de derechos humanos presentes y participación obligatoria de las familias?
Si la respuesta es sí, entonces ¿qué herramienta queda dentro de la escuela para prevenir que sustancias que destruyen vidas terminen sobre los pupitres?
La corresponsabilidad se está posponiendo
Nos hemos acostumbrado a exigir soluciones externas sin modificar prácticas internas. Si un padre o madre espera que la escuela —por sí sola— detecte adicciones, influencias y riesgos que comienzan dentro de la casa o en la calle, entonces estamos perdiendo tiempo valioso que difícilmente se recupera.
Una Mochila Segura del siglo XXI solo tendría sentido si se convierte en una política pública corresponsable:
Con estándares claros.
Con evaluación real.
Con participación obligatoria de madres y padres.
Con supervisión de derechos humanos.
Sin criminalizar.
Sin rutinas invasivas.
Sin estigmatizar.
Pero también con hogares atentos, informados, involucrados emocionalmente, y no delegando cada problema a maestros que ya cargan con una función educativa enorme y crecientemente social.
La prevención externa es necesaria, pero hoy no basta. La drogadicción no empieza en las escuelas; empieza mucho antes, cuando nadie está mirando, cuando no se conversa, cuando se normaliza y cuando la familia supone que “eso nunca pasará aquí”.
Hoy el Estado debe evitar excesos, sí, pero la familia también debe dejar atrás la comodidad del espectador. Ser padre o madre implica asumir riesgos, decisiones, límites y presencia real.
Porque la pregunta ya no es solo:
¿El gobierno hará algo?
La pregunta es todavía más frontal:
¿Los hogares están haciendo algo?
El debate está abierto. Y si no lo asumimos juntos, la prevención seguirá siendo insuficiente y las consecuencias, irreversibles.
