Por Lilu Martínez
Hoy quiero hablar de un tema que en Oaxaca no es nuevo, pero que sigue repitiéndose con una normalidad alarmante: la llamada intolerancia religiosa.
Aunque habría que empezar diciendo algo fundamental: ni siquiera deberíamos llamarla así.
En las últimas horas se ha dado a conocer otro caso grave. Un pastor evangélico fue encarcelado en una comunidad de Oaxaca por negarse a participar en ritos religiosos del catolicismo. El argumento: los usos y costumbres. El castigo: la privación de la libertad. El mensaje: en esa comunidad, creer distinto se paga.
Y esto nos obliga a hacer varias reflexiones de fondo.
Primero: los usos y costumbres no son sinónimo de impunidad.
Son una forma de organización comunitaria reconocida, sí, pero con un límite muy claro: los derechos humanos. Cuando una autoridad comunitaria encarcela, sanciona o expulsa a una persona por motivos de fe, ya no estamos hablando de identidad cultural, estamos hablando de abuso de poder.
En Oaxaca hemos normalizado que, bajo el discurso de “respetar la vida comunitaria”, se vulneren derechos básicos: la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad personal. Y eso no es progresismo cultural, es abandono institucional.
Segundo: hay que revisar el propio lenguaje.
Se habla de tolerancia religiosa. Pero el concepto es profundamente problemático.
Tolerar implica soportar algo que molesta. Implica que alguien está en una posición de superioridad y “aguanta” al otro.
Y aquí hay que decirlo con claridad: los derechos no se toleran, se respetan.
Nadie tiene que tolerar que otra persona crea distinto. Simplemente debe respetarlo, porque así lo establece la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado.
Hablar de tolerancia es rebajar el problema. Esto no es una cuestión de paciencia cultural, es una cuestión de legalidad y de derechos humanos.
Tercero: el gran ausente en estos conflictos es el Estado.
En muchas comunidades donde se repiten estos casos, las autoridades estatales o federales aparecen solo cuando el conflicto ya explotó, o de plano no aparecen. Se deja el problema en manos de estructuras comunitarias donde las creencias están profundamente arraigadas y donde el disenso se percibe como una amenaza al orden social.
Se insiste en que el diálogo comunitario lo puede resolver todo. Pero hay que ser realistas: cuando una comunidad considera que su fe es incuestionable, dialogar sin mediación institucional es prácticamente imposible. No hay piso parejo. No hay garantías. No hay protección para la minoría.
Por eso es indispensable la presencia permanente de instancias del Estado:
– Defensorías de derechos humanos
– Secretarías de gobierno
– Fiscalías
No para imponer una cultura sobre otra, sino para establecer algo básico: nadie puede ser castigado por creer distinto.
Cuarto: hay una responsabilidad política que no se está asumiendo.
Cada vez que el gobierno mira hacia otro lado para “no meterse” en conflictos religiosos, en realidad está tomando partido. Está permitiendo que la mayoría aplaste a la minoría. Está enviando el mensaje de que en ciertas regiones la ley es opcional.
Y eso es peligrosísimo, porque hoy es un pastor evangélico, mañana puede ser cualquier otra persona: un católico que no coopera, un joven que no quiere participar en una mayordomía, una mujer que cuestiona una norma comunitaria.
Cuando se normaliza la violación de derechos en nombre de la tradición, todos quedamos en riesgo.
Oaxaca es un estado profundamente diverso. Esa diversidad es una riqueza, no un problema. Pero solo puede sostenerse si hay reglas claras y si el Estado cumple su función elemental: proteger a las personas, no a las mayorías.
La libertad religiosa no es un favor que concede una asamblea comunitaria. Es un derecho humano.
Y mientras sigamos llamando intolerancia a lo que en realidad es persecución, y tradición a lo que en realidad es abuso, estos casos van a seguir ocurriendo.
Porque el respeto no se negocia.
Se garantiza.
