Funcionarios y exempleados del gobierno federal y de la Ciudad de México involucrados en la contratación de médicos cubanos durante la pandemia de Covid-19 hoy ocupan cargos de alto nivel en dependencias que tienen acuerdos de colaboración vigentes con el régimen de la isla.
Al menos siete, podrían enfrentar restricciones para entrar a Estados Unidos luego de que el Departamento de Estado confirmara restricciones de visado a servidores públicos y a sus familias, por su vinculación con el programa de misiones médicas que califica de “trabajo forzado y explotación de trabajadores cubanos”.
La medida anunciada en febrero pasado por Marco Rubio comenzó en Centroamérica y en los últimos días se extendió a África y a países como Brasil y Granada.
En el caso de México, donde el gobierno que ha pagado al régimen cubano más de 2 mil millones por este servicio, los servidores públicos que firmaron convenios y que facilitaron la asignación de médicos a hospitales públicos ahora ocupan cargos en embajadas, en el IMSS-Bienestar y en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
En México estarían en riesgo funcionarios y exfuncionarios federales, así como del gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México.