Por Lilu Martínez
La consulta de revocación de mandato en Oaxaca ya concluyó y, como suele ocurrir después de este tipo de ejercicios, se intenta fijar una sola lectura: que el proceso confirma estabilidad y que el gobierno cuenta con respaldo suficiente para seguir adelante.
Desde el Congreso, ayer, se insistió en esa narrativa. Funcionarias y funcionarios repitieron el mismo mensaje: que todo marcha conforme a lo previsto y que no hay mayores motivos de preocupación.
Empecemos por un dato que debería incomodar seriamente a Palacio de Gobierno:
el gobernador perdió en su propia casilla.
No en un municipio lejano, no en una zona históricamente adversa, sino en el espacio más cercano, más simbólico y más personal.
Eso, en cualquier democracia, sería motivo de reflexión profunda.
Aquí, en cambio, se intenta minimizar, ocultar o relativizar.
Y si ese dato no fuera suficiente, está el otro: la derrota en la capital del estado. Oaxaca de Juárez no es cualquier municipio. Es el termómetro político del estado, el espacio donde se concentran las protestas, el debate público, la crítica social.
Perder ahí no es anecdótico. Es un mensaje político contundente.
Y estos datos, sin necesidad de exagerarlos ni forzarlos, permiten al menos una reflexión: algo está ocurriendo en el ánimo ciudadano que no puede ignorarse tan fácilmente.
No se trata de afirmar que el proceso carezca de validez, ni de descalificar automáticamente el ejercicio. Se trata de reconocer que una ratificación no siempre equivale a un respaldo sólido, y que los matices importan.
También es un hecho que, durante la consulta, circularon señalamientos públicos sobre prácticas indebidas: compra de votos, operación política y uso de estructuras oficiales. No son sentencias, son denuncias que están en el espacio público y que, por su gravedad, merecen atención, no desdén.
Desde el poder se insiste en que todo va bien.
Pero la pregunta razonable es: ¿todo va bien para todos?
Porque en la percepción social persisten molestias: por la inseguridad, por la falta de resultados tangibles, por la distancia entre el discurso y la realidad cotidiana.
Y aquí aparece un punto central: la responsabilidad política del gobernador.
Si este resultado deja algún mensaje, es que se necesita firmeza en el ejercicio del poder. Y esa firmeza comienza en casa.
Comienza por revisar el papel de su propio entorno, incluida su familia, y por cuestionar decisiones que, desde fuera, se perciben más cercanas al amiguismo que a la capacidad.
Los cargos públicos no deberían ser premios personales ni cuotas de cercanía, sino espacios de responsabilidad frente a la ciudadanía.
También implica voltear a ver cómo se están comportando muchos de sus funcionarios:
la arrogancia con la que responden a la crítica,
la intolerancia frente al disenso,
y prácticas que se perciben como censura o cerrazón.
Nada de eso ayuda a construir legitimidad.
Al contrario: profundiza la distancia entre el gobierno y la sociedad.
Oaxaca tiene una historia política particular. Aquí, cuando el poder se encierra, cuando deja de escuchar y cuando se rodea solo de voces cómodas, las consecuencias no tardan en manifestarse.
Por eso, más que celebrar sin matices, este momento podría ser leído como una advertencia política. No una condena, no una descalificación absoluta, sino una señal de alerta.
Porque Oaxaca puede convertirse en un parteaguas.
No solo para este gobierno, sino para el movimiento en general.
Lo que aquí ocurra, lo que aquí se corrija —o no—, puede marcar el rumbo en otros estados y en otros procesos.
Una ratificación con señales tan claras de rechazo no fortalece al gobierno: lo debilita.
Lo deja exhibido.
Lo coloca frente a una ciudadanía que ya no compra el discurso triunfalista.
Hoy el gobierno celebra.
Pero celebra solo.
Porque afuera hay un malestar que no se resuelve con boletines, ni con conferencias, ni con frases huecas como “todo va bien”.
Negar el descontento no lo desaparece.
Minimizar la crítica no la silencia.
Ignorar el mensaje ciudadano solo profundiza la desconexión con la sociedad.
La consulta de revocación dejó algo muy claro:
el gobernador no salió fortalecido.
Salió advertido.
Y en política, cuando el poder no escucha las advertencias, el costo siempre llega.
