Ciudad de México.– Un grupo de taxistas oaxaqueños denunció ante el Congreso de la Unión presuntos actos de presión relacionados con el proceso de reordenamiento vial que impulsa el Gobierno de Oaxaca, al señalar que se les pretende obligar a cubrir cuotas para utilizar espacios de estacionamiento en la Central Camionera de Segunda Clase y afiliarse a una organización transportista para poder continuar operando.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, los concesionarios afirmaron que el nuevo esquema de movilidad los obliga a concentrar sus unidades en la Central de Segunda Clase, donde, aseguraron, deben cubrir pagos mensuales por el uso de cajones de estacionamiento en condiciones que calificaron como inadecuadas para el desarrollo de su actividad.
Los trabajadores del volante sostuvieron que no aceptarán incorporarse a ninguna organización por imposición y exigieron que cualquier medida relacionada con el transporte público sea aplicada de manera transparente y con igualdad de condiciones para todos los concesionarios.
Piden intervención federal
Los inconformes señalaron que acudieron al Poder Legislativo federal para exponer la situación y solicitar la intervención de instancias federales ante lo que consideran irregularidades en la implementación del reordenamiento vial.
Según los representantes del gremio, miles de concesionarios podrían verse afectados por las nuevas disposiciones, las cuales, afirman, impactan directamente en sus fuentes de ingreso y condiciones de trabajo.
Ulises Victoria, concesionario con más de dos décadas de experiencia en el servicio de taxi colectivo, sostuvo que los trabajadores buscan conservar sus rutas de operación y continuar prestando el servicio bajo condiciones que no afecten su actividad económica.
“Queremos seguir trabajando de manera honesta y que cualquier cambio se realice respetando nuestros derechos y escuchando a quienes formamos parte del sector”, expresó.
Exigen diálogo y consulta
Los taxistas demandaron la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales para revisar el programa de reordenamiento vial y encontrar alternativas consensuadas.
Asimismo, consideraron que cualquier transformación del sistema de transporte debe realizarse mediante mecanismos de consulta que permitan la participación de usuarios, concesionarios y demás sectores involucrados.
Los inconformes reconocieron la necesidad de mejorar la movilidad en la zona metropolitana de Oaxaca; sin embargo, insistieron en que los cambios deben construirse mediante acuerdos y no mediante medidas que, a su juicio, generan incertidumbre entre los trabajadores.
Denuncian amenazas
Durante el encuentro con medios de comunicación, algunos concesionarios afirmaron haber recibido amenazas por expresar públicamente su inconformidad con el proceso de reordenamiento.
Por ello, solicitaron garantías para ejercer su actividad laboral y manifestar sus posiciones sin represalias, además de la intervención de autoridades federales para facilitar el diálogo con el Gobierno de Oaxaca.
Finalmente, reiteraron su disposición a participar en mesas de negociación que permitan construir soluciones para el transporte público, siempre que el proceso se lleve a cabo con transparencia, legalidad y respeto a los derechos de los concesionarios y operadores.
